Abatir la impunidad, la madre de todas las batallas 

Son recurrentes los casos que revelan la descomposición del régimen. La parte más visible, en el ámbito local y municipal. Por régimen no sólo se refiere a Morena, sino al conjunto, incluyendo, en algunos casos autoridades gobernadas por la oposición. El tema más a la vista es la corrupción y la connivencia o sometimiento al crimen organizado.

La mandataria de Guerrero, Evelyn Salgado; el de Sinaloa, Rubén Rocha, y el de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, entre otros, no sólo acusan frivolidad y descuido, hay razones para presumir un entendimiento con el crimen organizado. Se ha impuesto la determinación de la presidenta Sheinbaum de acabar con la impunidad, pero no queda claro si esta voluntad alcanzará a gobernantes que por acción o por omisión han empoderado al crimen organizado. El problema de la criminalidad se extiende a Tabasco, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Nayarit, Sonora, Quintana Roo, Campeche, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California. Por su parte, el prestigiado especialista Eduardo Guerrero afirma que en Zacatecas ha habido recuperación del estado de derecho y una baja de la violencia.

La evidencia sobre la complicidad entre autoridades locales y/o municipales con los grupos criminales es de escándalo. El operativo Enjambre es una acción importante, un precedente positivo, pero que atiende a los márgenes de un problema presente en esferas superiores de los gobiernos. La información de inteligencia debe presentar un mapa muy complejo y es presumible que la estrategia sea la de golpear donde se puedan lograr los objetivos de la acción punitiva al menor costo posible. Revelador que la acción se centre en las policías y en las autoridades municipales, ciertamente, es una embestida para acabar con la impunidad, pero se va a requerir más que eso.

La situación heredada de seguridad era insostenible. Por otra parte, hacer a las fuerzas armadas el eje de la nueva estrategia de seguridad planteaba riesgos mayores como enfrentamientos violentos con elevadas bajas y posibles violaciones a derechos humanos. Un acierto que la presidenta resolviera que la dirección, coordinación e inteligencia estuviera en una instancia civil. Esto es en beneficio de las mismas fuerzas armadas y del país al representar una combinación virtuosa entre civiles y militares, además de que recompone o revierte lo mal hecho o concebido.

De sobra entendido que revertir el deterioro en materia de seguridad tiene que ver con la responsabilidad fundacional del Estado moderno. La dejadez e indolencia heredada del gobierno anterior es una falta mayor, criminal, de traición a la patria y un abandono a las víctimas; además, expone a la soberanía nacional y a la civilidad por dos vías, la amenaza que representa la actividad criminal y los efectos hacia la comunidad internacional, particularmente con nuestro belicoso vecino del norte. El secuestro y la detención de El Mayo Zambada en EU y que en ese país tengan lugar los juicios a connotados narcotraficantes y a destacadas autoridades coludidas revela que la omisión propia abre espacio a la intervención de los vecinos. El cambio en el mapa de poder y el sentido del mandato de Donald Trump obliga a las autoridades mexicanas por interés propio, a actuar de manera decidida contra el crimen organizado.

La información sobre la investigación derivada de la operación Enjambre muestra no sólo complicidad de las autoridades, sino sometimiento. Los gobiernos y sus policías están al servicio del crimen y se efectúan pagos importantes de las de por sí exiguas finanzas municipales. No es un caso aislado. El crimen ganó territorio, se diversificó y se apoderó de autoridades con la inexplicable complacencia del presidente López Obrador. La situación es de emergencia y mucho está de por medio. Por lo mismo, en la lucha contra el crimen debe haber un sentido de unidad que compromete, más que a nadie, a la presidenta de la República. En la defensa del país no hay espacio para la demagogia o a la visión ideológica o de proyecto político.

Combatir la impunidad es el reto mayor del país; una realidad de mucho tiempo atrás que hoy adquiere otra dimensión no sólo por el crecimiento del crimen y sus riesgosos efectos, también porque hace inviable y repudiable la postura complaciente o la de declarar victoria ante una dolorosa derrota. El desafío es actuar hasta donde sea necesario. La duda de por medio es si el régimen está decidido llegar hasta las últimas consecuencias.