Asalto a las casetas de peaje/Federico Berrueto

Igual que todos los mandatarios, el presidente López Obrador tiene en muy alta estima los logros de su gobierno. Por ejemplo, señala que el tema de la toma de casetas de peaje es cuestión del pasado y que ahora no sucede, o casi.

Es cierto que es un tema de tiempo atrás y que ahora es menos grave. 2017 fue un mal año, los grupos inconformes por el gasolinazo y la actuación tímida de las autoridades federales provocó su crecimiento en 2018, llegando a su peor momento en 2019 y 2020. La protesta social se tornó industria, la toma de casetas dio lugar a un negocio altamente rentable. En esos años, con participación de grupos delictivos inició el llamado huachicoleo carretero. Las tomas ocasionales se volvieron permanentes. El daño que se ocasionó ronda en los siete mil millones de pesos, y los estados donde se ha presentado con mayor gravedad son Guerrero, Morelos, Sinaloa, Nayarit y Estado de México.

Como dice el Presidente, ha habido un cambio. Se ha disminuido la toma de casetas porque se ha aplicado la ley por la intervención de las autoridades federales y estatales. Él ha hecho su parte condenando públicamente la toma de casetas. Papel relevante el del subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, factor para coordinar la Guardia Nacional, la secretaría y los gobiernos locales. Los focos rojos han bajado de manera importante, y la detención de una de las líderes en la toma de casetas, Kenia Hernández, ha sido un mensaje claro sobre la aplicación de la ley. Capufe presentó la denuncia y las autoridades procedieron. No hay que olvidar el fisco como parte interesada ni a los concesionarios, que dejan de pagar IVA e ISR.

La clave para disuadir la toma de casetas es que opere el Poder Judicial de los estados y que los concesionarios denuncien para que se judicialicen los casos. No es fácil, para muchos jueces es mejor declararse incompetentes o dar largas debido a los vínculos entre el huachicoleo carretero y el crimen organizado.

Definitivamente acertada es la reforma al artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, aprobada por una amplia mayoría y por publicarse en el Diario Oficial, al no penalizar la protesta social sino a quien lucre con la interrupción de las vías de comunicación. Se crea el tipo penal, se establecen multas y penas de cárcel hasta por siete años.

Reducida la toma de casetas, está creciendo la evasión de peajes, particularmente en el Estado de México. La cuestión es que quien no pague peaje no cuenta con seguro, situación que se vuelve crítica si el infractor conduce un transporte público, ya que sus pasajeros no tienen la protección en caso de accidente. Como respuesta, la empresa Aleática está utilizando el sistema ponchallantas en el Circuito Exterior Mexiquense.

Lo ocurrido en la toma de casetas debiera tomarse como ejemplo. El cambio para bien tiene como referente la certeza de derechos y el empeño de las autoridades y los concesionarios para hacer valer la ley.

Federico Berrueto
@berrueto
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