Indicador Político
Hay días que me siento frente a la lap y hay tantos temas por tratar que cuesta trabajo decidirme por cuál escoger.
Hasta hoy he tenido la libertad de escribir sin que nadie me imponga temas y cuando quieren hacerlo prefiero de plano mejor no escribir. Ser adulador profesional o lamebotas oficioso no es lo mío y creo que eso a muchos se les da y pues si hay tantos uno más no significaría mucho.
Empiezo con la vergüenza de la captura de El Mayo Zambada y su ahijado El Chapito Guzmán López.
Las versiones son muy confusas: que se entregaron; que no, que al Mayo lo traicionaron; que no, que ya habían negociado; que hubo violación a la soberanía nacional; que por qué no les informaron… etc., etc.
Lo cierto es que ambos capos están en prisión y que el gobierno mexicano no ha sabido cómo reaccionar ante la sorpresa de que dos delincuentes mexicanos, no perseguidos por México -órdenes de aprehensión si tienen, aunque en los hechos se les protege- hayan aparecido capturados en Texas sin que su gobierno, y lo subrayan como protegiendo su acuerdo, en cuatro días no sabe aún qué pasó, pero sostienen que ellos no tuvieron participación.
Lo que sí se ve es que, tanta vehemencia por disculparse y hacer un deslinde, sólo acredita que el acuerdo está vigente y que en EEUU no le tiene confianza al gobierno mexicano y menos para enterarlo de sus acuerdos.
Preocupados por la soberanía, México no sólo no se enteró -porque no sabe cómo pasó- como tampoco pareciera importarle que hoy Guatemala le ofrece refugio a mexicanos desplazados que hoy buscan seguridad cruzando la frontera ante las embestidas de la delincuencia organizada en Chiapas. El México de los 80´s que ayudó a Guatemala hoy es ayudado por quien tuvo campamentos de refugiados en México ante la inseguridad y la violencia en suelo del país centroamericano por la lucha guerrilleras contra el gobierno militar.
En el camino atropellado, el gobierno mexicano inventó datos, afectó nombres y condiciones que terminaron por dañar a un ciudadano americano, empresario enamorado de México que solía viajar con frecuencia a Sonora y cuyo nombre ya tiene el narco así como la marca y matrícula de su avión Cessna, que nada tuvo que ver con el traslado de los narcos.
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En Venezuela, cuando un país les niega el paso a sus propios ciudadanos, a sus opositores y a los observadores electorales internacionales que van a darle certeza a la legalidad de sus comicios presidenciales, no deja lugar a duda que algo se cuece aparte y el tufo de las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos de ese país a elegir a sus propios gobernantes se violenta como muchos otros por una autoridad que controla todo y está muy lejos de ser una democracia.
Maduro dice que ganó la elección por 51 a 44 por ciento, pero no sólo se controla a la autoridad electoral sino también a los órganos legislativos y judiciales, como aspira a hacerlo aquí Morena.
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Dice la Señora Gobernadora Layda Sansores, en sus promocionales del tercer informe de su Gobierno -es un decir-, que Campeche ya recuperó todos los empleos perdidos durante la pandemia que afectó al mundo en 2020. Sin embargo, con datos del IMSS Campeche forma parte de esos siete estados que a lo largo de la primera mitad del año han perdido 55 mil empleos formales.
El anuncio impreso de su tercer informe señala que se recuperaron 9,553 empleos, pero lo que engalana el poster es la imagen del tren ligero, una ocurrencia de última hora para traer y llevar pasajeros a la estación del Tres Maya ubicada fuera de la ciudad y lejos de cualquier ruta camionera.
Nos dicen que ese improvisado tren urbano -cuyo proyecto ejecutivo nadie conoce y tampoco el manifiesto de impacto ambiental- y costará $5 mil millones sin que nadie se haya ocupado de explicar a los campechanos que los llevó a decidir que era más urgente invertirle esa cantidad a un transporte no sólo limitado y poco práctico, que no sirve para resolver el problema que significa para la capital campechana el servicio de transporte urbano público, un auténtico desastre por su ineficiencia y el daño consumado por el tiempo en los camiones pero si para violentar a la autoridad municipal cuyos permisos no sólo no exhiben sino que desprecian e incluso no solicitan.
La señora no dice cuando dejará de violar la ley al tener cerca de 740 días, más de dos años, sin respetar amparos y sin recibir castigo por ello, aunque ya la inscribieron en la tristemente célebre lista de ofensores políticos de género.
Aquí varios de esos temas. El espacio impide extenderse, pero temas sobran.