Teléfono Rojo
Continuismo
Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta electa para gobernar México en el sexenio 2024-26 nunca ha dejado duda de que ella actúa y que está dispuesta a hacer uso de todo el poder que le confieren sus cargos, como quedó claro con la orden de aprehensión al fiscal de Morelos que no sólo fue detenido hasta cinco veces violando su fuero constitucional al ser electo para el cargo por el Congreso de esa entidad y al que no se le pidió desaforarlo para sujetarlos a proceso.
Uriel Carmona, un fiscal incómodo también para el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, contravino la opinión del gobierno capitalino sobre el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda al aseverar que la autopsia practicada en esa entidad, donde se encontró su cuerpo, resultó muerta por broncoaspiración debido a su estado de ebriedad, contraviniendo la versión de que presentaba lesiones y lo acusaron de negligencia y encubrimiento, delitos por los que no pudieron sujetarlo a proceso.
El caso de Uriel ejemplifica un caso que no ha sido único: Ernestina Godoy inventó los delitos contra su colega de Morelos, pero también inventó delito a Alejandra Cuevas quien al no tener fuero pasó un año y medio sujeta a un proceso acusada del asesinato del hermano de Gertz, casado con Laura Morán, madre de Cuevas, que sólo la intervención de la Suprema Corte liberó al determinar que los delitos por los que estaba en prisión no existían en el código Penal. Godoy no perdió el cargo, gracias a su jefa Sheinbaum Pardo.
Para aquellos que nos dicen que la presidenta electa actuará diferente, basta ver y analizar sus dichos, sus hechos y sus aseveraciones desde que era jefa de Gobierno: no cambiara hoy en su nuevo encargo, todos sus dichos han sido reiterados y sus hechos confirmados.
El gobierno que ratificó el Tratado de Libre Comercio, que aceptó todas las condiciones y las firmó, ahora les dicen que van a reformar la ley para cambiar la forma como se eligen a los jueces y magistrados y procederá a modificar la Constitución para desaparecer órganos autónomos, condicionados por ese tratado.
A pesar de eso, no quieren que quienes firmaron el acuerdo con él, sus socios, se manifiesten en contra cuando les cambiarán las reglas del juego por completo y pretenden, como será a partir de que logren la desaparición de la Suprema Corte de Justicia, que la ley se rija por el criterio de quien encabece el gobierno.
El argumento, de risa, es que no se deben entrometer en la sobernía nacional, esa misma que no cuidan en Chiapas para que los habitantes no se desplacen a Guatemala para evitar sean asesinados o cooptados por el crimen organizado; esa soberanía que tampoco tienen en Guerrero y Michoacán donde, a pesar de pagar impuestos y vivir en un “estado de Derecho”, dicen, les asesinan, les cobran y los atemoriza el crimen organizado si no pagan derecho de piso y parte de las utilidades que obtiene por su actividad productiva.
Esa soberanía que no atienden cuando miles de personas padecen, por casi un mes, una vida inundados de aguas negras y nadie llega a atender su emergencia hasta 15 días después, luego de paros y manifestaciones públicas.
Hasta hoy, el tema sigue sin resolverse igual que en Chiapas, Guerrero, Michoacán, por citar algunos de esos territorios cubiertos, en un 80 por ciento del país, por el crimen organizado.
Así cierra su gobierno el presidente que nos dijo sería la salvación de México, que creceríamos al 6 por ciento, que los servicios de salud serían como en Dinamarca y que nadaríamos en dinero del petróleo que produciría como nunca. Mientras, el fracaso lo llevó al extremo y hoy ahí nos tiene: ¿superaremos la borrachera de poder de López Obrador? Veamos.