Claroscuro

El país que recibe Claudia Sheinbaum

La crisis multidimensional que enfrenta México representa una inflexión crítica no solo para la estabilidad interna del país, sino para el equilibrio geopolítico de América del Norte en su conjunto.

La convergencia sin precedentes de fracturas institucionales internas, rupturas diplomáticas regionales y presiones económicas externas, ha generado un escenario de volatilidad extrema, con potencial para reconfigurar fundamentalmente el panorama estratégico hemisférico.

La inminente transición presidencial hacia la administración de Claudia Sheinbaum en México se produce en un contexto de volatilidad sin precedentes, requiriendo una serie de acciones inmediatas y decisivas para estabilizar la situación del país y reposicionar a México en el escenario internacional.

Esto dictamina la Unidad de Análisis de Riesgos Hemisféricos realizado por varias empresas del sector privado y calificadoras internacionales.

Dividida en varios rubros, el documento señala: México se encuentra en estado de crisis multidimensional a 29 días de la transición presidencial. Hoy convergen tres factores críticos: a) la reforma judicial controversial b) la ruptura diplomática con EE.UU. y Canadá c) y la amenaza inminente de sanciones internacionales por violaciones a los tratados internacionales y a los acuerdos que México ha firmado en el exterior.

A corto plazo, considerando los tres posteriores al reporte: – Disrupción severa en
cooperación de seguridad transfronteriza; aumento significativo en migración irregular hacia EE.UU.

A mediano plazo, de tres a seis meses, la reconfiguración de alianzas comerciales en América del Norte y una potencial desestabilización de estados fronterizos mexicanos.

La evaluación de inteligencia dice que la crisis actual representa la mayor amenaza a la estabilidad de México en las últimas tres décadas y con el potencial de escalada rápida con implicaciones directas para la seguridad nacional de EE.UU.

Se detectaron vacíos en temas de inteligencia que no contiene las intenciones específicas del liderazgo entrante respecto a la política exterior ni la capacidad real de resistencia del sistema financiero mexicano ante sanciones.

Los indicadores clave que exponen serán el resultado de votación sobre reforma judicial ya aprobada en Cámara de Diputados y que sólo falta su ratificación en Cámara de Senadores, que al consumarlo provocaría el anuncio oficial de EE.UU. sobre sanciones, cuya probabilidad de darse es del 70% y se daría al menos en 30 días, después de su entrada en vigor.

Se espera que haya un posicionamiento de fuerzas armadas mexicanas ante crisis política.

El análisis también ve aspectos de la política actual y se divide en varios rubros como la reforma judicial que incluye la elección popular de jueces; la polarización política que ha ido creciendo desde julio pasado y con el alza en la popularidad presidencial y con una poco probable manifestación de que legisladores del partido gobernante expresen reservas sobre la reforma judicial.

Para el proceso de transición se ven tensiones elevadas y el retraso en la entrega de información hasta en un 45 por ciento de las dependencias federales.

El análisis señala que a diciembre de 2024 el dólares, ante la inestabilidad política y financiera, llegaría a $22 por dólar estadounidense, la tasa de interes repunten hasta en un 10 por ciento y el desempleo llegue a 4.1 de la PEA. La proyección se mantiene prácticamente sin cambios a marzo de 2025 en todos esos rubros.

Después de la consumación de esos cambios constitucionales, se espera que haya sanciones económicas potenciales que llegan al 70 por ciento de probabilidad en los próximos tres meses.

Se prevé un congelamiento de activos 15-20 funcionarios de alto nivel; restricciones hastra de un 60 por ciento en las transacciones con entidades gubernamentales; y 40 por ciento de probabilidad de limitaciones de transacciones internacionales.

Se prevé en un 65 por ciento que las sanciones internacionales se den durante los próximos seis meses de entre un 15 y un 25 por ciento en sectores calve como el automotriz y el agrícola. Se habla de una reducción del 30 al 40 por ciento de las importaciones y un 35 por ciento de suspensión parcial de los beneficos del tratado de libre comercio.

A eso se suman las sanciones diplomáticas con un 30 por ciento de probabilidad del retiro del embajador de EEUU y una probable restricción de visas hasta en un 65 por ciento para funcionarios sus familias.

En el tema de impacto económico, el cambio de gobierno afectaría las exportaciones que esperan sea afectada entre un 18 y 22 por ciento a la baja en los primeros seis meses; en el ámbito automotriz se reducirían de entre un 25 a un 30 por ciento; en lo agrícola de un 20 a un 25 por ciento; en manufacturas del 15 al 18 por ciento; la inversión extreanjera directa se reduciría entre un 40 hasta un 50 por ciento;  y una posposición o cancelación de inversiones de entre 15 y 18 mil millones de dólares.
Para el tipo de cambio se vislumbra, a mediano plazo, un dólar desde 23.5 a 24.5 pesos por uno, pero en un escenario severo se llegaría hasta 26 o 28 pesos por dólar. El mercado bursátil perdería desdwe un 25 a un 30 por ciento en su índice de cotización y tasas de interes que subirían desde 150 a 200 puntos base.

Para las finanzas públicas, el estudio expone que las finanzas públicas empezará en un déficit fiscal desde 3.8 por ciento hasrta 5.5 a 6 por ciento del Producto Interno Bruto. Los rendimientos de bonos soberanos subirá entre 300 y 350 puntos base.

En el tema de las implicaciones fiscales, se ve una reducción severa en capacidad de gasto público en los próximos 6-12 meses; a ello se suma la probabilidad alta (75%) de recortes significativos en programas sociales clave y un riesgo elevado de downgrade en calificación crediticia soberana en los próximos 3-4 meses.

El documento realizado por la Unidad de Análisis de Riesgos Financieros también dedica un espacio para el crimen organizado: en los próximos seis meses se ve un repunte del 8 por ciento en el número de homicidios para 19,500 asesinatos; un repunte en los secuestros del 15 por ciento para 650 casos proyectados y se prevé que haya un repunte en el tráfico de drogas en su flujo para Estados Unidos del 35 por ciento.

Asimismo, se estima haya un fortalecimiento del Cartel Jalisco Nueva Generación en Estados Fronterizos; una fragmentación del cártel de Sinaloa en cuatro facciones principales y el surgimiento de 9 grupos criminales regionales. 

En contra parte, se prevé una reducción del 25 por ciento en operativos conjuntos de agencias estadounidenses y 40 por ciento de reducción en el intercambio de información e inteligencia con Estados Unidos y Canadá.

En el rubro de impacto social y político se señala que la tasa de desempleo partirá del 3.8 por ciento al 6.5 o 7 por ciento; crecimiento de población en pobreza entre 6 y 8 millones y un crecimiento de la fuerza labora en el sector informal del 65 al 70 por ciento.

La probabilidad de que crezcan las protestas en los próximos tres meses es de un 80 por ciento y se prevee sean superiores al millón de participantes. Se elevaran en 150 la probabilidad de huelgas o paros laborales y un crecimiento de entre el 70 al 100 por ciento de intentos de migración a los Estados Unidos.

La aprobación presidencial decaerá entre un 30 y un 35 por ciento en los primeros seis meses mientras que la probabilidad de crisis gubernamental severa crecería hasta el 60 por ciento.

En el análisis de los sectores críticos de riesgo se estipula que se daría desabasto electrico en 5 o 7 entidades mientras que el 70 por ciento de la infraestructura en telecomunicaciones es vulnerable a ciberataques.

En Salud Pública zse vislumbra el colapso parcial de 30 o 40 por ciento de los hospitales públicos mientras que la escasez de medicamentos se elevaría hasta 60 por ciento en medicamentos esenciales.

La decersión escolar crecerá en un 30 por ciento y el financiamiento para invesrigación llegaría a una reducción máxima de 70 por ciento.

Entre los riesgos críticos, el análisis detalla una crisis constitucional por la aprobación de la reforma judicial (65% probabilidad) una recesión económica aguda (55% probabilidad) y la escalada de violencia del crimen organizado (70% probabilidad) lo que llevaría a una ruptura total de relaciones diplomáticas con EE.UU. (25% probabilidad).

Finalmente, el estudio estima como escenario Más Probable con un 60% de probabilidad la Implementación parcial de reforma judicial, una contracción económica de 1.5% en primeros dos trimestres de 2025, una renegociación tensa de relaciones con EE.UU. y Canadá y el aumento significativo de violencia en 5-7 estados clave.

Concluye el análisis: en la recalibración diplomática urgente. Ello implica la instalación de grupos de trabajo con EEUU y Canadá para renegociar los términos de colaboración en temas de seguridad y de comercio, y visitas de alto nivel a ambos países.

Se hace indispensable un plan de austeriadad real, eficiencia fiscal a toda prueba con resultados cuantificables en corto plazo además de una renegociación de una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional para un plan de contensión y estabilización.

Llamar a un pacto nacional por la justicia que sea incluyente y haya un programa de acelerado de profesionalización y depuración del sistema judicial, con supervisión internacional.

Es necesaria una estrategia integral de seguridad con la reestructuración profunda de las estrategias de combate al crimen organizado, priorizando la desarticulación de estructuras financieras y logísticas.

Además de la creación de una fuerza de tarea interinstitucional con participación internacional para abordar la crisis de seguridad en estados críticos.

Para la reactivación econñomica se necesita el lanzamiento de un programa de incentivos fiscales y regulatorios para atraer inversiones en sectores estratégicos, con énfasis en nearshoring y energíasrenovables. Complementariamente la implementación de un plan de infraestructura crítica con participación público-privada, enfocado en regiones de alto potencial económico y vulnerabilidad social.

Para el fortalecimiento institucional, se requiere de una propuesta de reforma constitucional para fortalecer la autonomía y capacidades de órganos reguladores y anticorrupción y la implementación de un sistema de gobierno abierto y rendición de cuentas en tiempo real para todas las dependencias federales.

La efectividad de estas medidas dependerá crucialmente de la capacidad de la administración Sheinbaum para construir consensos amplios, tanto a nivel nacional como internacional, finaliza. La implementación exitosa de esta agenda no solo es vital para la estabilización inmediata de México, sino que sentará las bases para la reconfiguración del papel del país como un actor estable y confiable en el escenario global.