Claroscuro

La “justicia”, según SanAndrés, en tiempos de la 4T

El uso de la justicia como herramienta política está convirtiéndose en una práctica común y deleznable de los gobiernos de la 4T: Claudia Sheinbaum aliada con Cuauhtémoc Blanco la han emprendido contra el fiscal de Morelos Uriel Carmona, a quien no le han respetado su fuero constitucional al haber sido electo por el Congreso de esa entidad.

Cuatro veces lo han liberado órdenes judiciales federales y cuatro veces lo han vuelto a aprehender con delitos que, para más de uno, huelen a inventos sacados de la manga.

En la 4T la judicialización de la política es una realidad lacerante e intimídante. La usaron recién empezaba el gobierno de López Obrador para amedrentar a un ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, al que amenazaron con hacer públicos sus bienes y operaciones integrados en un expediente de la UIF, pero sobre todo por la protección a su amigo Alejandro Quinterio, vice presidente de Televisa y operador de las campañas negras contra López Obrador.

Se siguieron con Rosario Robles Berlanga quien es acusada por el presidente de responsable de que su pareja Carlos Ahumada haya exhibido a René Bejarano y a otros operadores del jefe de gobierno capitalino, López Obrador, recibiendo maletas de dólares en a oficinas del empresario.

A Robles la acusan de no evitar la Estafa Maestra y con una licencia de conducir falsa determina el sobrino de Bejarano, juez de la causa, que se podía evadir y la mantienen durante tres años a pesar de que los delitos imputados no eran merecedores de prisión y de que ella acudió voluntariamente a declarar ante el juzgador.

La historia de las violaciones a la ley incluyen los delitos fabricados en contra de Emilio Lozoya Austin acusado de peculado y sobornos a la constructora Odebrecht y cuyas declaraciones implican a los enemigos ideológicos del presidente para desestimar la reforma energética de Peña Nieto acusándolo de haber repartido dinero para lograrla, a pesar de que las fechas que manifiestan son posteriores a su aprobación en el congreso y que anulaban el motivo de los sobornos a los legisladores panistas, entre ellos Ricardo Anaya, hoy exiliado, y Jorge Lavalle Maury.

Pero si los ejemplos en el gobierno de López Obrador abundan de la manipulación de la ley para venganzas personales, Layda Sansores ha ordenado perseguir a Eliseo Fernández Montufar, su rival a la gubernatura, a Biby Rabelo De la Torre, quien le ganó al fiscal Renato Sales Heredia la alcaldía capitalina, además de a todos los que simpaticen con ellos.

La demencial acusaciones es que Fernández Montufar, sin evidencias claras ni pruebas contundentes, es acusado de ser un asesino serial que habría ordenado la muerte de Sergio Novelo Rosado, de Manuel Peña y un atentado contra Jamile Moguel, colaboradores todos del ex presidente municipal y ex candidato a la gubernatura.

La fabricación de expedientes con causas criminales no sólo no se detendrá mientras Layda sea gobernadora sino que la persecución política incluye a todos lo que han salido con él en fotografías investigando si es verdad que ellos saben su paradero que hoy especulan es Londres, pero que no detuvieron cuando el propio Eliseo dijo que estaba en Boston estudiando un posgrado.

La saña contra el adversario político en la 4T incluye torcer las investigaciones de los crímenes de Novelo y Peña y también la declaración de culpabilidad de la alcaldesa a quien acusa de posesión de amigo prohibido y de encubrimiento de los desvíos por los que acusan al ex edil y que él reconoce estar siendo investigado y califica como persecución política.

Los casos del uso y manipulación judiciales en contra de adversarios de la 4T también se han reflejado contra Xóchitl Gálvez, candidata opositora a Claudia Sheinbaum, al extremo de usar contra ella argumentos desmentidos con documentos e inventarle delitos que no ha cometido con el único afán de reducirle popularidad.