Claroscuro

La mentira, aunque ud. no la crea

La cifra es conservadora: denuncian que hasta 30 por ciento del padrón de beneficiarios de los programas sociales del gobierno federal no existen.

Las denuncias han pasado desapercibidas porque quienes las han hecho eran los responsables de entregarlas y en las elecciones recibieron órdenes de no hacerlo a los beneficiarios sino a personajes de los gobiernos de Morena. Muchos prefirieron renunciar antes de ser cómplices, los otros consintieron.

Así, las denuncias: la Secretaría del Bienestar pagó $48 millones de pensión a 13,366 muertos, de acuerdo con informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que revela millonarios desvíos en pensiones pagadas a derechohabientes que tenían más de un año de haber fallecido, a falsos deudos y a personas que fingían tener más edad.

La Secretaría del Bienestar pagó más de 48 millones de pesos en pensiones a 13 mil 366 personas fallecidas, revela el informe de la Cuenta Pública 2021 que presentó en 2023 la ASF.

De ese monto, 18 millones de pesos corresponden a pagos realizados a 3 mil 260 derechohabientes que habían fallecido antes del ejercicio 2021.

En contraste, se pagaron 3 millones 229 mil pesos por concepto de “pago de marcha” a 2 mil 385 personas que habían reportado que sus parientes habían fallecido, pero seguían vivos.

Según las reglas de operación de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, los deudos de un derechohabiente fallecido tienen derecho a un Pago de Marcha.

La ASF también detectó un quebranto económico por 30 millones de pesos, por pagos a 10 mil 106 personas, quienes -de acuerdo con la información proporcionada por el Registro Nacional de Población e Identidad- recibieron apoyos después de la fecha de su defunción ocurrida entre enero y agosto del 2021.

En ambos casos, el órgano de fiscalización advirtió que la causa de la irregularidad es la falta de mecanismos de control para realizar la conciliación de las CURP con el Registro Nacional de Población e Identidad.

Adicionalmente, la ASF detectó un probable daño a la Hacienda Pública por 5.6 millones de pesos por pagos a 347 personas, cuyos nombres no coinciden con las registradas en el padrón de derechohabientes de pensiones.

También se descubrió el pago de 2 millones de pesos a 125 personas que cobraban pensión sin haber cumplido los 65 años que establecen las reglas de operación.

Finalmente, la ASF informó que encontró un desvío de poco más de un millón de pesos por concepto de pagos duplicados a 279 personas adultas mayores derechohabientes del programa de pensiones para el Bienestar, que contaban con dos números de identificación.

Ese es el reporte que se conoce y es de 2021.

Durante la primera conferencia de prensa del año, dice el comunicado de la Secretaría del Bienestar, “Las mañaneras del pueblo” que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, la secretaria Ariadna Montiel Reyes, informó que del 2 al 22 de enero de 2025 se realiza la dispersión de recursos del bimestre enero-febrero de la Pensión para el Bienestar de las personas adultas mayores; de las personas con discapacidad; y de niñas y niños, hijos de madres trabajadores; en beneficio de 14.5 millones de derechohabientes de las Pensiones y Programas para el Bienestar con una inversión social de 544 mil 600 millones de pesos (mdp).

Detalló que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores beneficia a 12 millones 393 mil 658 derechohabientes con una inversión social anual de 483.4 mil mdp; la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad apoya a un millón 395 mil 40 derechohabientes, con una inversión social anual de 29 mil mdp para 2025; y el Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras cuenta con 325 mil 171 beneficiarios con una inversión social anual de 3 mil 185 mdp.

El 30 por ciento de esa cifra es de $163 mil 380 millones que, de acuerdo con diversos testimonios, servirían como un colchón electoral y que se podría usar como presupuesto para dispersar entre la población a cambio de su voto por el partido en el gobierno.

La cifra, conservadora, si ud. la analiza, permitiría dimensionar en enorme fraude a la nación que se perpetró en el gobierno de López Obrador que se comprometió a erradicar la corrupción “barriendo las escaleras de arriba para abajo”.

En 2024, México obtuvo una calificación de 26 puntos de 100 posibles. La escala del Índice de Percepción de la Corrupción va de cero, la peor evaluación para un país, a 100, la mejor calificación posible. Con 26 puntos, México se ubica en la posición 140 de 180 países evaluados.

Entre las economías que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México se ubica en el último lugar del grupo: es el lugar 38 de 38 economías evaluadas. En el G20, que incluye a 19 países más la Unión Europea, México se encuentra en la penúltima posición, solo por encima de Rusia (22/100 puntos).

En Latinoamérica, México está mejor evaluado que Guatemala (25/100), Paraguay (24/100), Honduras (22/100), Haití (16/100), Nicaragua (14/100) y Venezuela (10/100) y se ubica por debajo de Brasil (34/100) y Chile (63/100), sus principales competidores económicos en la región.

Las múltiples fuentes que se consultaron para la elaboración de este artículo, han sido desmentidas todas y cada una por el gobierno de López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum que tiene claro que su gestión pagará los platos rotos -ya lo está haciendo- de ese fracaso que han sido en resultados los gobierno de Morena en el país.

Los datos no cuentan, los testimonios no valen porque mientras haya gente que si reciba el apoyo mientras pierde derechos y servicios del gobierno, las denuncias serán desestimadas, una mentira real aunque ud. no la crea.