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Indicador Político
¿Qué sabe El Mayo Zambada que se atreve a amenazar al gobierno de México?, ¿lo que dice es su argumento o uno más para negociar con Estados Unidos?, ¿después de todo lo que les di me dejan aquí solo?
Las interpretaciones de la carta que el abogado Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de líder del Cártel de Sinaloa, entregó al Consulado General de México en Nueva York, pareciera una ultimátum para el gobierno de Claudia Sheinbaum:
“Si el Gobierno de México no actúa, seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier Gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda”, pareciera advertir a quien se señala como el principal mecenas del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y financiero de las campañas de Morena.
La exigencia del delincuente es un reclamo al gobierno mexicano para que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un “colapso”.
Agrega que “mi traslado fue ilegal, se realizó mediante un acto de secuestro transfronterizo”, por lo que “se debe intervenir a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral”.
“México tiene la obligación de intervenir y exigir garantías de que no se me impondrá la pena de muerte”, expone en lo que es una queja a quienes, según se ha documentado, recibieron financiamiento de ese grupo delincuencial para imponer gobernadores.
“Esta exigencia no es opcional”, enfatiza el escrito.
El documento, confirmado por Delgado González, se presentó el jueves en el Consulado General de México en Nueva York y Zambada le exige que lo defienda el Gobierno mexicano.
La carta, en su tono, pareciera confirmar lo que la Casa Blanca y el gobierno de Estados Unidos ha reiterado dos veces: el actual gobierno está controlado por cárteles de la droga, seis de los cuales ya fueron considerados legalmente como “terroristas” por lo que el “vice” presidente Musk los considera “elegibles para ataques con drones”.
La carta de quien afirmó se reuniría con el gobernador de Sinaloa como uno de sus consejeros políticos, dice que “Debe intervenir (el Gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de Estados Unidos”.
En julio de 2024, Zambada dijo haber sido engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, y secuestrado en Culiacán para entregarlo en Texas a autoridades estadounidenses que lo encarcelaron en Nueva York, donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.
En su solicitud de asistencia consular, el capo señala algo que podría interpretarse como la amenaza más directa que se ha expuesto desde su llegada a suelo americano que “si no se interviene en favor de sus derechos”, “políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino”.
Repitiendo lo que ha sido el argumento oficial desde su captura, El Mayo dice que “Estados Unidos carece de legitimidad para imponerme una sanción tan grave como la pena de muerte”, dice en su carta, al alegar que llegó a ese país por un secuestro transfronterizo.
“EU incumplió su obligación de verificar la legalidad de mi ingreso”, insiste, y reclama: “El Estado mexicano tiene la obligación de intervenir y exigir garantías formales de que no se me impondrá la pena de muerte” y enfatiza que la respuesta del Estado mexicano “no es opcional”, porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.
Y ante la exigencia, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se planteará el tema a la FGR y afirmó que no se “defiende al personaje.”
La Mandataria confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió la solicitud y dijo que el Fiscal Alejandro Gertz Manero podrá evaluar los argumentos del capo y cómo se dio su llegada a Estados Unidos en julio pasado, donde fue arrestado.
“Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática”, dice la carta textual.
El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, “constituiría una traición al sistema jurídico mexicano” y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.
“En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal”, señala, expone Reforma, el único medio que dio cuenta de la exigencia del Capo.
“Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes”.
En una parte de su escrito, publica Reforma, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.
También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.
La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.
“Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas”, dice el capo.
La carta, como queda claro por la manera como se redactó no está sujeta a muchas interpretaciones. Zambada pareciera tener la autoridad moral para exigir, para dar un ultimátum y por su respuesta, la presidenta acatará la instrucción y usará al Estado Mexicano para defender a quien se considera el principal benefactor de su partido.
Mientras se quejan de esa supuesta violación a la soberanía, la de los mexicanos que viven en zonas en conflicto armando por el narco seguirán siendo desplazados, perdiendo sus bienes y su patrimonio porque, para ellos, el gobierno mexicano no tiene respuestas y menos a escucha los gritos de esas familias que han perdido miles de sus miembros a lo largo de un sexenio que se dijo sería diferente y que, en entrevista, López Obrador admitió que si fallaba en la seguridad su gobierno habría fracasado.
Los números no sólo lo confirman ese fracaso sino que acreditan el saqueo y la corrupción que México padeció ese sexenio de quien se dijo diferente. Disfruten lo votado…