Indicador Político
Cuando se tiene miedo se reacciona, no se planea. Se responde y en ese momento no se piensa, no se proyecta, se defiende, se protege y eso pareciera ser lo que desde hace algunas semanas hace Claudia Sheinbaum desde sus mañaneras.
La presidenta no trata de convencer a nadie, trata de imponer. En sus palabras se refleja la imposición y que, como deja claro, no ha entendido que ella tiene el poder y sus actos y argumentos lo dejan claro: no le doy publicidad a Reforma ni a El Universal y aunque no lo dice así deja claro que esos medios, como TV Azteca, no dicen lo que a ella le gusta y que es propaganda para su gobierno.
Los políticos, más los de la 4T, no se preocupan por los resultados sino por ganar la discusión, por imponer su narrativa y dejarle claro a quienes se atreven a cuestionarlos que ellos tienen el poder y la “legitimidad” de más de 30 millones de votos.
Hace algunos años, Andrés Manuel llegó a la presidencia y, como sus antecesores, tuvo $150 millones que debían servirle para que esos seis meses que duraba la transición política tuviera la suficiencia económica para planear sus eventos, organizar su gestión y armar su toma de posesión.
El dinero, parte del presupuesto autorizado para ese fin por el Congreso, era una partida presupuestaria del mismo gobierno con normas y reglas para operar y gastarlo que no sólo debía autorizarse y ejercerse sino acreditarse de acuerdo con las reglas de la administración pública.
Desde que ganó, Andrés Manuel dejó claro que su enlace sería su hijo “Andy” quien con el paso de los meses se convertiría en el gran usufructuario del poder de su papá no sólo en las grandes obras sino también en temas delicados como esa relación con Sergio Carmona, el rey del huachicol, o los amigos que logró colocar alrededor de los secretarios y que eran en verdad quienes repartían y se quedaban con el presupuesto, de acuerdo con el primer hijo de la nación.
Desde el inicio de su gestión, López Obrador mostró el talante: los $150 millones para la transición se ejercieron en el primer mes y en cada ocasión el que pedía y daba las cuentas para los depósitos, incluso algunas privadas, era Andy. ¿Quién le decía que no al hijo del presidente? Nadie quería arriesgarse a perder el empleo o desatar la ira del poderoso presidente o el encumbrado vástago.
Hoy cuando el régimen tiene que pagar lo que pensaron quedaría impune y hasta para ello promovieron la reforma judicial, nadie esperaba que desde Estados Unidos se cobrarían esas facturas que también dañaron el Tratado de Libre Comercio y las relaciones con Joe Biden y Donald Trump.
Por eso, hoy lo que se ve son intentos de mostrar que en México se hace justicia, pero en los bueyes del compadre y como muestra se acredita que Morena si va contra los gobernadores, pero no contra los de su partido ni los actuales sino tiende una cortina de humo que sólo hace más evidente la protección a los de casa, a los que se prestaron a delinquir con ellos con la idea de que no habría en el país quien pudiera hacerlos pagar sus delitos.
Y así, ya convertido el Estado Mexicano en parte del crimen organizado no contaron que del otro lado de la frontera la ecuación era muy simple: no hay trato con un estado que sostiene a la delincuencia y que afecta no sólo la relación empresarial bilateral sino que contamina a una sociedad americana propensa a usar sustancias que los droguen e intoxiquen.
No es lo mismo tratar con un Estado fallido que con un Estado capturado por la delincuencia que reparte abrazos y no balazos y se centra en la protección de sus funcionarios corruptos vinculados con el crimen organizado.
“Si utilizan cargos públicos para proteger a los cárteles, esta es su advertencia: La DEA va por ustedes. Ningún título, cargo ni conexión política los protegerá. Esto incluye a miembros del Gobierno mexicano que protegen a los líderes del CJNG”, dijo Terry Cole, director de la DEA, en un mensaje de los muchos que han declarado desde los inicios de la administración Trump.
A un estado fallido se le rescata, pero a un estado capturado se le combate y eso señala las reglas de la convivencia internacional. México es un país con un narco gobierno que nació al calor de un narco partido fundado por un político que presumió, más de una vez, que él podía atravesar el país sin problemas y que los delincuentes tenían derechos humanos y se portaron requete bien cuando las denuncias por sus crímenes incluyeron su participación en las elecciones de 2021. La farsa terminó y ahora habrá que pagar la entrega del Estado al crimen. Estamos a un paso del Estado Fallido.
Dice la definición: Un estado fallido es una nación cuyo gobierno perdió el control total de su territorio, la capacidad de dar seguridad y los servicios básicos a su gente. Las señales principales son la pérdida del poder de la ley, la mucha violencia y la pobreza extrema.
Y agrega: Sin poder real: El gobierno ya no manda en todo el país y otros grupos armados mandan en su lugar. Sin seguridad: La policía o los soldados no pueden cuidar a la gente de los criminales. Sin servicios: No hay buena salud, escuelas, luz o agua para todos y cierra con la corrupción total: Los jefes roban el dinero y las leyes no se cumplen.
¿Falta algo más? Por eso el pánico…




