Coaliciones y juegos de poder

Las coaliciones están de actualidad. El PRI las repudió en los tiempos en que era clara mayoría; aceptó la adhesión del PVEM en condiciones de ventaja propia y en 2015 estableció el precedente de lograr la mayoría absoluta con diputados verdes que en realidad eran tricolores, justo como lo haría Morena, aunque en proporciones mayores, además de la asignación con sobrerrepresentación al considerar la coalición como una sola fuerza política. Un fraude a la Constitución y al sentido de la representatividad del voto.

En 2024, con 41% de los votos, Morena se hizo ilegalmente de la mayoría calificada. Dos criterios constitucionales lo impedían, la cláusula que limita la sobrerrepresentación en 8 puntos y la norma de que ninguna fuerza puede tener más de 300 diputados. El precedente del PRI fue ominoso para lo que después ocurriría.

En realidad, Morena no es un partido como tal. Su origen no es un principio, valor u objetivo trascendente o programático, como en todo partido. Su razón de ser fue llevar al poder presidencial a Andrés Manuel López Obrador. La mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados se alcanzó con los triunfos distritales en coalición del PT, que apenas logró 3% de los votos y del PES, que perdió registro por no alcanzar la votación mínima. López Obrador persiste como el factor de cohesión de un movimiento complejo, diverso y confrontado.

La historia de las coaliciones hoy ha cambiado; eficaz para la hegemonía, pero encarece a los socios. En las elecciones recientes en Veracruz y Durango, Morena vio un costo electoral por competir sin coalición. En la oposición, el fracaso de la elección de 2024 llevó al PAN a señalar distancia del PRI, mientras que el tricolor se muestra satisfecho con ser una minoría que puede disponer discrecionalmente de los privilegios propios de las prerrogativas del INE y de la representación parlamentaria. Además, sus gobernadores salen adelante sin relación con la dirigencia partidista, vista como problema. Por su parte MC insiste en que más vale solo que mal acompañado, aunque no debería descartar alianzas parciales para mantener territorios o ganar terreno.

El límite a la reforma electoral y política -además de cambios en el INE y en los procesos electorales se pretende modificar la integración del Senado y la Cámara de Diputados- está en los intereses de los asociados, quienes tienen votos legislativos suficientes para bloquear un cambio que los vuelva redundantes en las Cámaras. La propuesta de López Obrador no es transitable para el PT y PVEM, está hecha para sobrerrepresentar a Morena y lograr la mayoría absoluta con un muy bajo porcentaje de votos, escenario plausible para 2030.

La izquierda histórica, que desde los tiempos de Vicente Lombardo Toledano se pronunció por la representación proporcional, es decir, que el porcentaje de votos determine la proporción de asientos legislativos a cada fuerza política y el sistema mixto en la Cámara de Diputados (mayoría en distritos y representación proporcional por circunscripciones), se ha aproximado a ese objetivo. La iniciativa de López Obrador hace justamente lo contrario y retrocede el sistema de representación para privilegiar a un solo partido en un país que ha cambiado radicalmente: plural en lo político, muy diverso en lo social y regional, además, urbano, con grandes metrópolis, la mayoría gobernadas por partidos distintos a Morena.

La oposición está arrinconada, desacreditada y mal dirigida, por decir lo menos. Está la expectativa de una nueva fuerza, proyecto todavía incierto, pero que enriquecería la pluralidad y el debate público, pero impedida a conformar coalición por su registro reciente. MC, quien mejor entiende la nueva realidad enfrenta el reto de mantener la gubernatura de Nuevo León en 2027, ante un mandatario, Samuel García, que es un obstáculo, oscila entre el servilismo al régimen y la corrupción desbordada, sin sentido de partido, frívolo en extremo y carente de compromiso al proyecto común. Por su parte, Campeche le plantea un escenario promisorio, incluso si el PRI decide, como en la elección pasada, competir dividiendo el voto opositor a Morena. El saldo de la gobernadora Sansores favorece y abona a la alternancia.

El régimen tiene la determinación de cambiar el sistema electoral, carece de memoria y de escrúpulos, evidente en el diseño de la reforma judicial y, especialmente, la elección de juzgadores. Nada hay que los contenga salvo los intereses encontrados entre ellos mismos, sobre todo si se piensa que no habrá caudillo para siempre.