Corte de caja, precampañas

Ahora que está por iniciar el periodo formal de precampañas presidenciales y también el de nueve entidades, es preciso hacer un balance. Lo menos que se puede decir es que han cambiado de manera importante las cosas, empezando por el desdén a la legalidad con la anticipación de las precampañas. Para el oficialismo ya está decidida la presidencial y la de los candidatos a gobernadores. Al que madruga Dios le ayuda, parece ser la máxima obradorista, que se valida de acompañarse para la oposición con eso de que camarón que se duerme se lo lleva la corriente.

Para efectos prácticos ya se conocen los tres candidatos presidenciales. Claudia Sheinbaumpor el régimen, Xóchitl Gálvez por la parte más significativa de la oposición y Samuel Garcíapor Movimiento Ciudadano, en un giro para ser oposición de la oposición, con un perfil y discurso a la medida de López Obrador. Las dos primeras definidas desde septiembre, la del joven gobernador regio, recientemente.

Frente a los muchos inconvenientes y aspectos negativos, deben subrayarse dos aspectos. El primero es que seguramente habrá una mujer en la presidencia, no por el régimen de cuotas que el INE y el Tribunal Electoral han determinado por omisión de los poderes legislativos federal y locales. Claudia y Xóchitl son candidatas por mérito propio, en un recorrido exitoso, aunque sinuoso, complicado e incierto.

Otro elemento es el cambio en la selección de candidatos. Para unos un dedazo simulado, para otros una farsa de la partidocracia. Como quiera que sea, ambas fuerzas encontraron mecanismos más afines a la democratización del proceso, lo que significa que debe terminarse con la arbitrariedad que conculca el derecho a ser votado.

Desde luego que las cosas no pueden valorarse por sus intenciones o premiarse solo por abandonar la vieja tradición autoritaria. El déficit en mayor del desarrollo político del país tiene que ver con la ausencia de procesos democráticos para la selección de candidatos. Recurrir a la encuesta no es democrático, aunque bien ejecutada tiene efectos de contención a la arbitrariedad. El derecho a ser votado debe ser tutelado por la autoridad, no someterse a la discrecionalidad de las dirigencias de los partidos como determinó la reforma de 2007, y celebrarse elecciones primarias reguladas, de ser posible organizadas y conducidas por la autoridad electoral.

Pero no bastan el voto y la urna para que exista democracia; fundamentales son el debate, la deliberación y la libertad amplia de los aspirantes para concitar adhesiones. Es una decisión de los partidos en el sentido de que los miembros de las organizaciones políticas y sus simpatizantes decidan quién debe representarlos. Hacerlo en un universo abierto de electores, sin considerar pertenencia o afinidad partidaria elude la representación política, derecho del partido; además, vuelve a sus candidatos agentes libres sin sentido de pertenencia política o ideológica. Por cierto, la crisis de los partidos no deviene de la falta de coherencia e identidad programática, sino de que sus representantes, candidatos y gobernantes se asumen independientes del proyecto político que colectivamente suscriben. Los candidatos se imponen y dejan de lado el programa común; convirtiéndose ellos mismos en el proyecto.

Lo mejor que se vio en los procesos de selección de candidatos ocurrió en los encuentros cara a cara de los aspirantes del Frente. Acartonado, muy rígido y con declinaciones, pero fue un logro importante en la modalidad de una contienda genuinamente competida. Lamentable que a los del oficialismo se les prohibiera no solo debatir y confrontar ideas, sino hasta recurrir a medios de comunicación o presentar propuestas.

Los costos de la simulación fueron, por una parte, la ausencia de reglas elementales para asegurar una competencia auténtica y equitativa; asimismo, cumplir con un aspecto fundamental del sistema electoral: informar sobre el origen y destino de los recursos, asunto aún más crítico en los aspirantes del gobierno que desplegaron una amplia publicidad sin control alguno.

El balance de los procesos de selección muestra avance, pero modesto y pleno de riesgos e irregularidades, lejos del anhelo de democratización y modernización, como corrobora lo ocurrido con el oficialismo en las 9 entidades, con el agregado del régimen de cuotas de género promovido por el INE y que hizo prevalecer género sobre el derecho ciudadano de ser votado, sirviendo como recurso para imponer candidatos, incluso contrario a los resultados del cuestionable método de encuesta.