Indicador Político
¿Qué sigue? Miles y miles de personas que participamos en las manifestaciones y marchas del domingo nos lo preguntamos a la mañana siguiente. “Aquí y ahora: el INE no se toca”, “Escuchen diputados: el INE no se toca”, consignas que gritaron voces que habían permanecido silenciosas por años.
Se vale dar paso a un sentimiento de satisfacción por la parte que cada quien puso para hacer posible la exitosa jornada dominical.
Las razones son múltiples: fueron la sociedad y sus organizaciones las convocantes; los partidos políticos y sus dirigencias no fueron protagonistas sino acompañantes de la expresión ciudadana; cada una de las y los asistentes sabían con certeza la razón de su presencia, etc.
Los pasos cansados de adultos mayores fueron acompasados por las voces juveniles que se estrenaron en las lides de la lucha política. Cierto que predominaron personas y familias de clases medias urbanas en más de 50 ciudades de México donde se realizaron actos de distintas modalidades: mitines y plantones, marchas, “cadenas” como en Mérida, todos ellos con el compromiso fundamental de “defender al INE”.
Esa energía dominical impulsará las siguientes acciones, bajo la premisa fundamental que habrá de ser la sociedad organizada la que tome la vanguardia, de aquí en adelante.
Momentos
Divido mi propuesta del “qué sigue” en tres momentos, estrechamente relacionados, pero a la vez con sus propios retos y repercusiones.
Uno. En la Cámara de Diputados se está revisando una posible reforma a la Constitución en materia político electoral. Todos los partidos, excepto Movimiento Ciudadano (MC), participan en las mesas de trabajo. En realidad lo que le importa a Morena es la iniciativa presidencial, lo demás es mera distracción. Los procesos de negociación comunes en las cámaras de Diputados y de Senadores deberían, en esta ocasión, ser absolutamente rechazados por la oposición del PAN, PRI y PRD por no ser momento para cambios constitucionales de gran calado, a escasos meses del inicio del proceso electoral 2024. El “dulce encanto” del voto electrónico que entusiasma al PAN, o la posibilidad de “proponer” consejeros afines que seduce al PRI, son verdaderos peligros para el INE en estos momentos y circunstancias. La única opción legislativa es la de rechazo absoluto a cualquier modificación a nuestra máxima Ley. Ni una coma se le puede cambiar sin poner en riesgo a las actuales instituciones electorales. Demandamos expresiones indubitables por parte de las dirigencias partidistas. No se vale escudarse en la ambigüedad o en la falsa salida del “nada que dañe…”. Y menos en una negociación a trasmano que, al estilo de la prolongación del Ejército en las calles, dé a luz un Frankenstein electoral que atente contra la autonomía e independencia del INE.
Dos. Si las voces ciudadanas del domingo son escuchadas por los partidos opositores al presidente López Obrador, no habrá reforma constitucional en materia electoral en lo que resta del sexenio. Pero quedan las leyes secundarias, las que solo necesitan del voto de Morena y sus aliados para modificarse. Pueden, a semejanza de la reforma eléctrica, intentar “jugar al vivo”, sabiendo que, si atropellan a la Constitución, cuentan con el tiempo suficiente para imponer sus intenciones de controlar a los órganos electorales, a pesar de las acciones de inconstitucionalidad que pudieran interponer los partidos. Por eso, la fuerza ciudadana tendrá que mantenerse muy pendiente de la actuación de las y los legisladores hasta que llegue junio de 2023, fecha a partir de la cual la legislación electoral no podrá sufrir cambio alguno.
Pero la tarea no termina ahí. Antes, en marzo del próximo año, se tendrá el relevo de cuatro consejeros electorales que concluyen su mandato, entre ellos, del presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova.
El proceso está normado en la Constitución, pero, ¿cuándo se ha detenido Morena para violentarla? Es indispensable acompañar a los grupos parlamentarios opositores en las exigencias de integración del Comité Técnico de Evaluación, con verdaderos siete expertos, independientes, tal como demanda la Constitución. Es una tarea complicada, pues entre las instancias que proponen está la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Y ya sabemos cómo se las gasta.
Sería una verdadera amenaza que llegasen al INE personas al servicio del presidente López Obrador y de su movimiento.
No solo se trata de impedirlo, sino también de asegurar la imparcialidad e integridad en las cuatro sustituciones a realizar.
Tres. La reforma político-electoral pendiente. Todo es perfectible, sin duda. ¿Se puede mejorar al INE y al Tribunal Electoral?, sin duda. ¿Voto electrónico, reducción de financiamiento a los partidos?, también. ¿Se debe discutir sobre el cambio en la integración de las cámaras de Diputados y Senadores: ¿menos legisladores?, ¿forma distinta de votar?, se puede analizar. ¿Desaparecer los órganos electorales y los tribunales de los estados?, a debatir. Podemos seguir enumerando diversos tópicos político-electorales, que incluyan segunda vuelta, vicepresidencia de la república, etc.
Sin embargo, toda discusión y debate habrá de realizarse a partir de 2025, en los primeros meses del sexenio 2024-2030, cuando la Legislatura LXVI haya comenzado, cuando contemos con tiempo suficiente para que la nueva reforma se “ensaye” en la elección intermedia de 2027.
Visiones
Para la campaña de 2024, me parece indispensable exigir a las y los candidatos a los diversos cargos de elección popular, pero particularmente a la presidencia de la república y al Congreso de la Unión, que presenten su visión y sus propuestas respecto a una posible reforma político electoral.
Que los partidos incluyan este importante tema en sus plataformas electorales, para que los votantes sepamos hacia dónde se proponen conducir al régimen político y a los órganos electorales, si ganan. Pero de forma alguna ahora, a nueve meses del inicio del proceso electoral de 2024, en un ambiente de polarización política que el presidente López Obrador se encarga de enrarecer aún más cada mañana. Por eso: “Aquí y Ahora. El INE no se toca”.— Mérida, Yucatán
Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán