Indicador Político
A quienes López Obrador ha declarado la guerra han perdido de manera total, especialmente el empresariado mexicano. El presidente está en lo suyo. Tiene una idea muy particular de la generación de riqueza y de la empresa privada. No es nuevo en él y así fue electo. El prejuicio antiempresarial ha sido de siempre, además, lo asocia a la corrupción, o vínculos perversos entre el gobierno y los hombres de negocios.
Parte de lo que piensa es válido, aunque generalizar es incorrecto, sobre todo para la abrumadora mayoría de empresarios que poco tienen que ver con el gobierno. La privatización desde el tiempo de Carlos Salinas no sólo fue ideológica, también fue utilizada para enriquecer a la familia presidencial. Fue una privatización corrupta y corruptora.
El poder político y el económico se necesitan, pero no siempre encuentran una forma virtuosa de relacionarse. La situación se pervierte cuando se busca el fondeo electoral o cuando de plano los gobernantes buscan enriquecerse privilegiando ilegalmente a los empresarios, como ocurrió de manera paradigmática en las presidencias de Salinas y de Peña. Debe reconocerse que hay pecados de origen, y también en el ámbito local.
Conceptualmente la postura de López Obrador es irrefutable: la sana distancia entre el capital y la política. En la práctica no ha sido del todo exitosa. Por una parte, continúan los privilegiados y la corrupción; por la otra, la retórica presidencial no sólo condena el abuso de algunos, sino el mismo proceso de generación de riqueza y los beneficios asociados, como si el éxito económico fuera pecado o corrompiera el alma, y la pobreza el espacio natural de la virtud y santidad.
Frente a la narrativa presidencial buena parte de los empresarios se han instalado en el silencio y sus representantes en la cobardía. La derrota es total. Es muy negativo porque los inversionistas se la cobran no al gobierno, sino al país, de la peor forma: no invirtiendo. Las oportunidades de negocio existen, pero la retórica presidencial y algunas de sus acciones o decisiones como la cancelación del hub aeroportuario de Texcoco, la militarización de la obra pública, el regreso de los monopolios públicos y la embestida contra los reguladores independientes alteran las reglas que dan confianza y certidumbre.
La cobardía se ha vuelto método, y así se infiere de las palabras del más importante representante de los empresarios, Carlos Salazar, cuando se le cuestiona sobre la postura del presidente con relación a la reforma eléctrica. Su actitud negociadora en realidad es complaciente. La iniciativa de reforma constitucional es una afrenta al sector privado y una amenaza a la economía nacional. Si esto no se pone en claro quedará la idea de que la propuesta de López Obrador es razonable, como piensa una considerable mayoría de los mexicanos, según revelan todos los estudios de opinión pública.
En democracia no debe haber miedo al debate. Decir no al poder es parte de la libertad. Que el presidente reaccione mal y que a algunos de sus colaboradores les dé por actuar oficiosamente con ánimo de persecución, no debe impedir que quienes hablan por el todo empresarial tengan la claridad y la firmeza para decir las cosas tal cual son. El tema no es que se le cambie una coma a la propuesta presidencial, sino que el paradigma que plantea resulta insostenible, tanto para la empresa privada como para el crecimiento económico y el desarrollo del país.
Este es el problema que enfrentamos. Ante el monólogo nacional de todos los días por la mañana no hay respuesta de la oposición, de los intereses afectados ni de quienes mantienen una visión diferenciada a la del gobierno. La agresiva y, a veces, grosera actitud del presidente los ha intimidado, llevando al país al peor de los destinos y a una derrota total de ellos. La calidad de un gobierno depende de la seriedad, valor e inteligencia de quienes se oponen. Como se ha dicho, lo que resiste apoya.
Federico Berrueto en Twitter: @Berrueto