Diputados contra la ley y el Tribunal

El presidente López Obrador y, por convicción o conveniencia, muchos otros, tienen una idea equivocada sobre el valor de la ley. La legalidad, especialmente para quien gobierna es un referente inequívoco. No puede anteponer nada por encima de la ley, tal como suele decirlo cuando invoca a modo a Benito Juárez. Sin embargo, el mandatario le echa en cara al senador Ricardo Monreal que primero va la justicia y luego la ley. Lo dicho es inaceptable, pero se escucha bien, sobre todo en una sociedad en la que el abuso del poderoso ha sido la constante.

Se entiende la empatía de muchos cuando se invoca la justicia. Así es porque la ley y la insuficiencia del sistema judicial dan fuerza al anhelo de justicia a contrapelo de la ley. La cuestión es que no hay coartadas para cualquier proyecto político o de gobierno que pretenda hacer justicia. El cambio se hace con la ley y a través de la ley.

El problema del gobernante populista, aquí y en cualquier parte, es que el constitucionalismo, es decir, la legalidad y la supremacía de la Constitución se les vuelve afrenta. No aceptan que en el sistema democrático son sujetos, están sometidos a la ley, ellos y sus acciones. La protesta solemne del cargo de todo funcionario electo es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ésta emanen. No hay letras pequeñas ni frase que aluda, diga o implique que la ley se aplica siempre y cuando sea justa.

La justicia es materia de opinión; no la ley. Invocar justicia es fuente de incertidumbre y también de injusticia, porque lo justo para unos no lo es para otros. Por eso la ley escrita es referente de certeza, porque determina las obligaciones y los derechos de las personas, así como los alcances de las autoridades.

El desdén por la legalidad se ha generalizado. Es instrucción y ejemplo que viene del mismo Presidente de la República porque ha interiorizado que su proyecto no merece freno alguno, ni siquiera de la Constitución. ¿Para qué conmemorar el 5 de febrero si no hay la mínima voluntad de someterse y someter a su gobierno a la carta magna?

Efectivamente, desentenderse de la legalidad se ha vuelto norma. El llamado plan B de la reforma electoral es una muestra de inconstitucionalidad de forma y contenido. El proceso legislativo estuvo viciado por la prisa y el descuido y no se diga el contenido, que contraviene la Constitución en lo general, al impedir que el órgano electoral cumpla su responsabilidad constitucional y, en lo particular, por numerosas disposiciones a contrapelo de la ley suprema. A la Corte le corresponderá enmendar y dar vigencia al principio republicano sobre la supremacía de la Constitución.

El comportamiento de los hacedores de las leyes del oficialismo, sometidos al dictado del Ejecutivo los ha vuelto recurrentes infractores del régimen constitucional. No tienen límite, y el mal precedente en la Corte al mal resolver la inconstitucionalidad de la reforma en materia de electricidad, abrió la expectativa a leyes inconstitucionales que prevalecen porque no se dan los números en el pleno para declarar su real condición.

Allí no acaba la traición del legislativo al sistema constitucional. Recientemente, la Junta de Coordinación Política convocó, en la Cámara, a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral a una reunión con relación a la sentencia que anuló la convocatoria para la designación de los cuatro consejeros del INE. En su momento, el presidente de la Cámara intentó fincar caso penal y hasta juicio político al consejero presidente Lorenzo Córdova, a manera de ganar libertad para él y los suyos de incumplir la ley y desentenderse de otorgar los recursos públicos suficientes para el desempeño de sus tareas. Legisladores de Morena y el presidente coinciden en asumir que la soberanía o representación popular que suscriben les da derecho a ignorar la Constitución.

La JUCOPO no entiende que en un litigio es parte, en todo caso autoridad responsable, pero parte. En el caso particular fueron sentenciados por no hacer bien su trabajo. La réplica consensuada de los magistrados del Tribunal es inobjetable, tienen las puertas abiertas como cualquier interesado a hacer valer su caso y, por lo mismo, en las instalaciones del Tribunal, ante la autoridad judicial y en su condición de parte y para el caso concreto, de sentenciada.