El legado de la ilusión justiciera

El presidente presentó sus iniciativas de reforma constitucional. Es una trampa con varias pretensiones. La primera, intervenir impune y arteramente en el proceso electoral cuando su responsabilidad política debiera ser aprovechar bien estos meses para concluir lo mejor que pueda su gestión. La segunda, imponer agenda a propios y a extraños, eludiendo así responsabilidad en el desastroso balance de su gobierno, y de paso recrear el continuismo del régimen autoritario que promueve.

Pretende que la oposición y la misma opinión pública independiente se distraiga con propuestas que son más que todo una provocación. La reforma judicial es intransitable, se trata de destruir al Poder Judicial Federal en sus fundamentos, particularmente su independencia, su distancia de los intereses partidistas propios de la política y su capacidad técnica en el rigor judicial en la salvaguarda de la supremacía constitucional.

La mejor medida de lo que el presidente entiende es un buen juzgador es la ministra Lenia Batres, cuya biografía y su perfil delatan al presidente en su desprecio al juzgador. El presidente quiere juzgadores tan capaces como Lenia Batres, tan preparados como Lenia Batres, tan imparciales como Lenia Batres. No requiere mayor análisis y argumento, con Lenia Batres queda clara su idea de la justicia y de quienes deben desempeñar la condición de jueces, magistrados y ministros.

La eliminación de la representación proporcional y su transferencia a las entidades significa, en sus efectos, eliminar a la integración plural del Congreso y regresar al sistema de sobrerrepresentación de la minoría mayor previo a la reforma política. Es un engaño, sus primeras víctimas serían el PVEM y el PT, al igual que todos los demás partidos. El sistema mixto de representación es perfectible y el objetivo es igualar el porcentaje de votos con el de asientos legislativos. Para ello se requiere aumentar la representación proporcional sobre los legisladores electos por mayoría simple, idea ajena a la iniciativa presidencial.

Eliminar los órganos autónomos, acabar con la independencia del Poder Judicial sobre el poder político y someter al órgano electoral al gobierno federal es un grave retroceso que compromete los fundamentos de la democracia y la lucha de la izquierda por democratizar al país, transparentar el quehacer público y acotar el abuso al poder. Adiós a las elecciones confiables por la calidad de las instituciones electorales. Adiós al INE y al Tribuna Electoral.

Las iniciativas presidenciales deben medirse en función de los resultados de este gobierno. La propuesta presidencial de militarizar totalmente la seguridad pública se descalifica con la violencia que crece y se desborda, el abuso reiterado de la prisión preventiva, la complacencia y connivencia con el crimen organizado y el empleo de la justicia penal con objetivos políticos, así como deterioro de la libertad de expresión por el amago del crimen y la embestida desde la presidencia de la República. Las fuerzas armadas tienen una tarea insustituible en la defensa de la soberanía y la seguridad nacionales. No son policías, tampoco constructores o administradores de empresas públicas.

Precisamente, más que las iniciativas presidenciales, debe someterse a discusión y debate el desempeño de este gobierno, sus resultados y las premisas de su proyecto político. Evaluar si el hiperpresidencialismo y la discrecionalidad gubernamental son la mejor vía para acabar con los grandes problemas nacionales, entre otros, la impunidad, la violencia y corrupción que crecen día con día. La pertinencia del examen crítico al gobierno que concluye no sólo remite a sus iniciativas, sino a la propuesta de continuidad rigurosa del régimen; no hay engaño, se trata de un segundo piso, esto es, persistir en la demolición de las instituciones de la democracia.

El presidente está en su derecho de defender su proyecto de gobierno, no de imponer su propia visión ya en los estertores de su gestión. Tampoco tiene derecho para demoler uno de los principios de la democracia mexicana: la imparcialidad de las autoridades en el curso de las elecciones.

La trampa debe quedar expuesta como un recurso doble, distractor para eludir la responsabilidad que le corresponde por los resultados de su gobierno y de imposición al país ante la muy lejana eventualidad de una mayoría calificada. En cierta forma es el legado de la ilusión justiciera que devino en la amenaza más acabada a la democracia mexicana. Ante el intento autoritario del presidente del 5 de febrero, habrá de estar presente la respuesta ciudadana del 18F.