Teléfono Rojo
No será hombre, será mujer por ahora, pero el diseño institucional de cambio de régimen de la 4T se dirige al país de un solo hombre, un sistema político de un presidente sin límites, sin contrapesos institucionales o de poderes públicos. Además, de concretarse la reforma política y electoral, le darían control de las elecciones, y la integración de las Cámaras con exclusión de la pluralidad, que conllevaría una desproporcionada sobrerrepresentación de Morena. Se avizora con claridad la construcción de un régimen autoritario, merma de libertades y el derecho de la sociedad a elegir, para el caso de ahora, un partido con 41% de los votos y 75% de los diputados.
El aval mayoritario de la población al presidente López Obrador, su candidata y Morena es inobjetable. Pero el mandato se construyó sobre premisas falsas; por ejemplo, hablando del proyecto legislativo de mayor prioridad, ¿los mexicanos quieren mejor justicia o elegir con voto directo a sus juzgadores? Los objetivos son incompatibles; elegir juzgadores no significa mejoría, sino que empeora al eliminar los avances importantes del sistema judicial, entre otros, el papel de la Suprema Corte de Justicia para evitar el abuso del poder, sea del presidente de la República o del Congreso de la Unión por la aprobación de normas inconstitucionales.
Buena parte de lo que los electores aceptaron y votaron fue en el ámbito de las intenciones -no de las políticas concretas-: acabar con la corrupción, un gobierno orientado al bienestar de la población, mejorar la seguridad frente a los errores del pasado, la austeridad, etc., pero la magia de la narrativa obradorista ha sido abonarse en el terreno de las intenciones y evitar se le evalúe por los resultados.
El problema no sólo está en la clara mayoría alcanzada por la candidata Sheinbaum que, ciertamente, se explica como un refrendo democrático al presidente López Obrador, su gobierno y sus propósitos. La situación se complica por la integración de Cámaras y la interpretación que pudiera darse a la sobrerrepresentación, que permitiría a un solo partido por sí mismo cambiar la Constitución. La figura de la coalición fue utilizada para construir mayorías espurias; de darse así la interpretación del Tribunal Electoral, Morena, con 41% de los votos tendría la capacidad para modificar el régimen político, que en la propuesta de reforma constitucional del presidente, significa transitar de una democracia a un régimen autoritario, más cercano a Venezuela que a Costa Rica o Colombia.
La lógica del poder cambia con la eliminación del pluralismo, el voto libre y los contrapesos institucionales, situación donde los factores de la relación de las personas con sus autoridades no son ya las instituciones, la representación plural, las libertades y la legalidad. Los términos de la deliberación pública se han deteriorado de manera significativa por la manera como López Obrador descalifica a la crítica pública. Las empresas de medios se autocensuran y no pocos se inhiben de una valoración veraz sobre qué hacen el gobierno y sus personajes.
A lo anterior debe sumarse la acción del crimen organizado ante periodistas, medios de comunicación y sus trabajadores. Uno de los elementos sustantivos de la democracia es la libertad de expresión. El giro de régimen significa una merma de uno de los bienes más preciados del régimen democrático.
La manera de generar certeza de derechos se modifica. De esta manera la candidata ganadora ha ratificado su compromiso con el sector empresarial e inversionistas de actuar de manera responsable, pero reitera su intención de cambiar al poder judicial en términos que implican su deterioro y sometimiento al régimen político. En la nueva lógica, la voluntad presidencial es el factor, precisamente por el deterioro de la autorregulación del régimen democrático.
El país de un solo hombre, para el caso de ahora, de una mujer, conlleva modificaciones importantes que difícilmente pueden ser evaluadas y sancionadas por el hombre común. Los sectores empresarial e inversionista han sido los primeros en expresar la inconveniencia de un giro de régimen que implique el deterioro de la certeza de derechos que, no necesariamente, comparte la cúpula, acostumbrada a una relación privilegiada y discrecional con el poder y, en cierto sentido, discriminatoria respecto al resto de los empresarios. La inversión especulativa también ha reaccionado, precisamente porque su presencia supone certeza de derechos.
El país de un solo hombre conspira contra la economía, pero aún más importante, también contra el régimen democrático, las libertades y la justicia en su más amplia expresión.