El agua, un derecho del pueblo
El principio de solución a todo problema empieza por su reconocimiento. La negación es la actitud primaria, persistir es continuar en el error y la imposibilidad de enmienda. Esto viene al caso por la manera en que las autoridades enfrentan los problemas. El presidente López Obrador lo ha vuelto método y la respuesta a toda revelación adversa es pegarle al mensajero; preocupa que el ejemplo se extiende. Así, la jefa de Gobierno de la Ciudad, Claudia Sheinbaum, denuncia como complot y campaña de mentiras y desprestigio la información sobre el uso ilegal y hasta criminal de la Ivermectina, un medicamento no recomendado, aplicado por las autoridades locales a casi doscientas mil personas, violentando los protocolos médicos y científicos.
El empleo indebido de la Ivermectina debe dar lugar a una investigación que lleve al deslinde de responsabilidades. Difícilmente la jefa de Gobierno pudo haber autorizado una práctica contraria a lo más elemental de los procedimientos médicos y científicos, por lo que la reacción debió haber integrar un grupo de trabajo independiente que investigara los hechos, además de las acciones que otras instancias de autoridad pudieran iniciar. Pero, el subsecretario de Salud, López-Gatell, y el presidente cerraron filas en torno a Sheinbaum, avalando la idea de una embestida del frente conservador en contra de ella.
Más aún, el presidente dedicó una amplia exposición sobre la perversidad de los medios de comunicación. La rigurosa colaboración académica de Juan Pablo Pardo-Guerra en Nexos y la investigación precisa de Dalila Sarabia en Animal Político que abordaron el tema del uso masivo e ilegal de la Ivermectina mereció el insulto del primer mandatario en su conferencia matutina. Ninguna referencia a lo que se estaba denunciando ni a la gravedad del caso; optó por una extensa argumentación para abonar a la idea de que los medios y, en el caso particular, la revista y el portal noticioso, son parte de una embestida inmoral en contra del gobierno por la pérdida de los privilegios que se les otorgaban. En palabras de la jefa de Gobierno: su origen es una cónclave de ‘altos jerarcas’ del partido conservador para establecer una estrategia de ataque contra su gobierno.}
Al ladrón, al ladrón, se ha vuelto un recurso para que las autoridades eludan su responsabilidad frente a la denuncia de los medios y se descalifique a los medios en el ejercicio de su función. El problema de que las autoridades se instalen en un estado de guerra, de competencia, provoca la polarización que padecemos y una suerte de paranoia en la que toda postura crítica o independiente es entendida como la embestida del enemigo y, por lo mismo, debe desdeñarse inmediatamente y señalar el supuesto origen inmoral de lo denunciado.
López Obrador pide incondicionalidad de todos a partir de la convicción de que su proyecto es la expresión del interés nacional y del inobjetable propósito de gobernar para los más pobres y de combatir frontalmente a la corrupción. Toda resistencia, crítica o reserva es un ataque al proyecto y a lo que éste representa. El refugio, el santuario de la transformación a la que alude el presidente son las intenciones, no los resultados, ni siquiera el método de escuchar, dialogar y acordar. Mejor descalificar, insultar y actuar a partir de la brújula inequívoca de la soberbia y la convicción ciega de estar haciendo lo correcto.
En esta etapa se ha envilecido todavía más la vida pública. Así es por la sucesión anticipada. La campaña en curso persigue la promoción de un proyecto que, a mitad del camino, muestra su agotamiento por los pésimos resultados; la creación de las condiciones para su reproducción con todos los recursos al alcance -en una lucha al interior de la coalición gobernante-, y arrinconar a los que no se sometan, sean el órgano electoral, los medios de comunicación, las organizaciones y movimientos civiles, los empresarios o cualesquiera expresión social o política de reserva o crítica.
Federico Berrueto en Twitter: @Berrueto