Indicador Político

GN-Sedena y el debate: poder del

narco contra el poder del Estado

Por Carlos Ramírez

La centralización de las fuerzas de seguridad en papel de las Fuerzas Armadas como responsables únicas de la defensa del Estado, la soberanía y la seguridad nacional contextualizan la necesidad de fortalecer un cuerpo de seguridad pública que responda al desafío número uno del Estado mexicano: el fortalecimiento y crecimiento del crimen organizado en la disputa de territorios e instituciones nacionales.

El fortalecimiento de la Guardia Nacional no es un capricho personal del presidente de la República, sino que responde a una lectura estratégica de la severa crisis de seguridad interior –seguridad pública más seguridad nacional– ante la consolidación y expansión del crimen organizado, con la circunstancia agravante de la dispersión desorganizada de bandas delictivas que están aumentando su presencia en las calles para afectar el patrimonio y la vida de los ciudadanos.

Un concepto apareció en iniciativa de reforma legal propuesta por el presidente de la República el 31 de agosto para reorganizar la administración pública y adscribir a la Guardia Nacional a la tutela del Ejército y la Sedena, a pesar de que fue una palabra con significados estratégicos que resumen el fracaso de la política de seguridad interior desde la introducción del capítulo de seguridad nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988.

La frase que contextualiza la palabra maldita sería el eje rector de la crisis de seguridad y de sus propuestas para atenderla:

“El crimen organizado en nuestro país se ha convertido en una fuerza “cuasimilitar” que usa la violencia en contra de la población y de las instituciones públicas”.

Por primera vez, el discurso oficial de seguridad caracteriza la dimensión del adversario: organizaciones delictivas estructuradas alrededor de un poder de fuerza armada irregular. Se trata, en síntesis, del choque entre dos estructuras con capacidad de fuego que podrían anular una a otra y que obligan al Estado a asumir con determinación su función como poder armado monopólico con la decisión de combatir y desarmar a quienes están usando las armas de manera ilegal para beneficio delictivo y para estallar la violencia en espacios civiles de la sociedad.

La aceptación oficial de que el crimen organizado representa una fuerza cuasimilitar justificaría la urgencia de consolidar a la Guardia Nacional como el aparato de seguridad policiaca para combatir a las formaciones armadas de la delincuencia, sin tener que seguirle dándole prioridad a las Fuerzas Armadas regulares que están defendiendo la seguridad nacional al interior de la República ante organizaciones delictivas que quieren capturar porciones territoriales de la soberanía institucional del Estado.

Acotar a la Guardia Nacional actividades policiacas a partir del reconocimiento público de que las bandas delictivas constituyen un poder cuasimilitar representaría una batalla perdida de antemano del Estado contra las actividades de subversión de grupos delictivos armados que ya han confrontado y acotado la responsabilidad del Estado en el mantenimiento de la soberanía nacional e interna. Solo como ejemplo debe recordarse el culiacanazo: el Cártel de Sinaloa amenazó con estallar bombas instalaciones familiares de militares, un acto de terrorismo que minó la autoridad soberana del Estado.

La organización limitada de las policías municipales estatales y federales no pudieron combatir el proceso de fortalecimiento armado del crimen organizado en el periodo 1984-2018 por su configuración de acotamiento policiaco. La Guardia Nacional no sería una policía más, pero tampoco un grupo paramilitar. La construcción de un cuerpo de seguridad a partir de las doctrinas militares de defensa de la soberanía y con la supervisión civil sería la salida intermedia para fortalecer una estructura de seguridad no militar que enfrente el poderío cuasimilitar del crimen organizado.

Nada de estos temas aparecieron en los debates legislativos recientes ni tampoco forman parte del discurso opositor que está limitando la fortaleza de la Guardia Nacional y en los hechos está beneficiando la expansión del crimen organizado armado con obstáculos que están reduciendo la definición de la Guardia en el escenario del poder cuasimilitar delictivo.

El eje del debate es muy sencillo: la construcción y fortalecimiento del paradigma de la seguridad interior como factor de estabilidad nacional ante el poder cuasimilitar de la delincuencia.