Indicador Político/ Carlos Ramírez

El ejército y la nueva doctrina de defensa: desarrollo y bienestar

Si la existencia de una doctrina de seguridad interior se ha mantenido en todo el tránsito constitucional, el temor a las fuerzas armadas siempre ha prevalecido. Pero el gobierno lopezobradorista ha dejado en claro que el papel de las fuerzas armadas ha definido nuevas funciones orgánicas: no sólo resguardar la seguridad del Estado, sino participar de manera directa en el funcionamiento del desarrollo y el bienestar.

La doctrina de seguridad interior ha existido desde la Constitución de Cádiz de 1812:

“La seguridad interior en la función del Estado de velar por la seguridad y el orden interno, manteniendo el imperio de la Constitución y de las demás leyes que de ésta emanen, para generar las condiciones necesarias para el desarrollo de la nación, previendo y controlando actos antisociales o contra el Estado, llevadas a cabo por personas o grupos transgresores de la ley, cuya actuación delictiva se encuentra prevista por las leyes del fuero común y federal”. (Colegio de Defensa Nacional.)

El primer paso fue dado con la constitucionalización del papel de las fuerzas armadas en seguridad pública como parte de sus funciones en materia de seguridad interior. En el Quinto Transitorio de la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, se aprobó el marco jurídico para las fuerzas armadas en seguridad:

“Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente decreto (14 de marzo de 2019), en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la república podrá disponer de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.

Pero por razones de eficacia, lealtad y honestidad y capacidad productiva, el gobierno lopezobradorista ha asignado tareas no militares a las fuerzas armadas, sobre todo la tarea gigantesca de construir el nuevo aeropuerto internacional en el campo aéreo de Santa Lucía. Los militares son los responsables de la obra de construcción y arquitectura, lo que habla de la eficacia de los ingenieros militares en diseños no sólo de obra negra sino de propuestas arquitectónicas modernistas. Además, los militares seguirán garantizando la estabilidad social para la producción y el desarrollo en zonas recuperadas de dominio delictivo y criminal.

En este contexto, el discurso del general secretario Luis Cresencio Sandoval González el domingo 9 de febrero en el recordatorio del Día de la Lealtad dejó en claro el papel del ejército en el desarrollo:

“Ejército, armada y fuerza aérea damos el mejor esfuerzo para cumplir con las misiones orgánicas que tenemos prescritas y las tareas que desarrollamos desde la frontera norte hasta la sur, tanto en materia de seguridad pública como en los rubros que tienden al crecimiento y al desarrollo del país”.

La parte importante del discurso del general secretario no fue en la declaración de lealtad y apoyo al proyecto del gobierno en turno, sino en la consolidación de tareas no militares y sí detonadoras del desarrollo. Hasta ahora no se ha entendido el mensaje importante de la construcción del nuevo aeropuerto por ingenieros militares, luego de los casos de ineficacia y corrupción de constructoras civiles en el aeropuerto de Texcoco.

En este sentido, la fuerza armada da un paso activo en su tarea de garantizar la seguridad interior como condiciones para el desarrollo y el bienestar y para participar como fuerza productiva en tareas económicas en las que los civiles fallaron. Ahí es donde la nueva doctrina de defensa nacional extiende el papel protagónico de las fuerzas armadas en la construcción del desarrollo, no sólo combatiendo a las organizaciones delictivas que habían creado un Estado paralelo en zonas territoriales del Estado constitucional, sino usando su fuerza productiva en obras civiles para el bienestar. El general secretario enlistó las razones de los militares en proyectos productivos civiles: su garantía de profesionalismo, honestidad, trabajo constante y lealtad.

Morelos, ¿ahora sí? Información proveniente de Morelos indica que al parecer ahora sí habrá acciones legales contra la corrupción escandalosa en el gobierno anterior del perredista Graco Ramírez Garrido Abreu y sus conductas autoritarias y hasta mafiosas al obligar a ciudadanos a venderle propiedades y echar del estado a disidentes y críticos. A pesar de las pistas, existe la posibilidad de un arreglo en lo oscurito para eludir el brazo de la justicia. Porque evidencias hay muchas, más que suficientes.

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