La trampa

Las iniciativas de reforma constitucional a presentar por el presidente López Obrador son una trampa. Exhiben al político astuto que aprovecha la parte mala de las reglas del juego para ganar indebida ventaja. No se trata de reformar, de cambiar al país para bien, ni siquiera de dejar su visión trascendente; simple y llanamente es un ardid para imponer agenda y así ganar la elección. Dominar la plaza para hacer valer su voluntad a propios y extraños. Beneficiarios y temerosos callan. ¿Qué debe hacer la oposición? ¿qué debe hacer el juicio crítico independiente?

Por lo pronto, no caer en la trampa, que es un intento de distraer, definir agenda y llevar la discusión al terreno deseado. En más de cinco años de gobierno obradorista tarea obligada es evaluar su gestión, sus resultados y si esa manera de ejercer el poder es funcional al buen gobierno, a la salud del país y a la calidad del servicio público; el imperio de la discrecionalidad presidencial y su determinación de acabar con la transparencia. Además, volver irrelevante al legislativo por la vía del dominio; arrinconar a todos los órganos autónomos -INE, la COFECE e INAI- mediante la intimidación a sus directivos; colonizar al Poder Judicial, al Tribunal Electoral y a la Corte con la omisión de designaciones o el juego de renuncias y promociones a comisarios de su proyecto, o reducir al mínimo la libertad de expresión con la agresión a periodistas y la amenaza pública y abierta a los empresarios de medios y a los concesionarios de radio y Tv.

En bien del país, debe hacerse un juicio riguroso al gobierno, al presidente, a sus políticas públicas o decisiones y, especialmente, a los resultados. Las iniciativas son un recurso más de distracción y engaño. No merecen atención, pero sí deben servir de plataforma para abrir la discusión sobre el México deseable; ejemplo, cambiar la Constitución para que lleguen los mejores a la Corte, los habilitados para la delicada encomienda que les corresponde, eliminando la atribución del presidente para designar ministros de no existir acuerdo en el Senado (la designación de la señora Lenia Batres es una burla, un insulto a la judicatura), también debe reducirse a mayoría simple de los ministros presentes para declarar la inconstitucionalidad de una norma, entre muchas cosas más. Que no sea la agenda del presidente, ni de los partidos sino la de la sociedad y la del país a partir de un cambio a favor de la democracia.

La marcha del 18 de febrero será una oportunidad para que lo mejor de la sociedad haga valer su voz; un acierto la participación de Lorenzo Córdova. Se trata de avanzar en la postura de la sociedad, no en la de candidatos o partidos. Si Xóchitl Gálvez coincide, como seguramente será, bien por ella, sin embargo, debe quedar claro que el objetivo es la defensa de las instituciones y valores de la democracia; ganar la elección es un medio; transitar de la movilización social a la movilización electoral. Reconocer la diferencia fundamental entre las cúpulas partidistas, todas, y la sociedad. Las dirigencias de los partidos piensan en votos, prerrogativas y privilegios, como muestra el espectáculo oprobioso de Marko Cortés por el acuerdo en Coahuila. La sociedad exige y espera un buen gobierno, un país en paz, autoridades que vean por el bienestar de todos; el bien común o el interés general. La democracia es de contrapesos, órganos autónomos en la gestión pública y en la contención del abuso, así como del riguroso imperio de la legalidad; no es una causa sino una manera de encuentro generoso y constructivo entre la sociedad y el poder público. La democracia es la coexistencia de la diversidad, el ejercicio pleno de las libertades y la valoración de la dignidad de las personas, sus familias y comunidades.

La mentira y la manipulación grosera amenaza ser parte de nuestra normalidad. La valoración al régimen pone de relieve al presidente autoritario, déspota y cruel de estos años, pero también debe extenderse a los suyos, a los que lo acompañan y facilitan la distorsión y el daño más severo que haya recibido nuestra democracia y civilidad política. No son sólo sus colaboradores, correligionarios o asociados, los suyos son esa parte de los privilegiados y sus representantes que interesadamente han sucumbido al más penoso de los sometimientos.

El intento abusivo del presidente de imponer agenda y así determinar el resultado de la elección y el futuro del país debe tener una respuesta enérgica y decidida de la sociedad. Por lo pronto, hacer de la libertad causa y del debate templo más allá de los espacios convencionales de la política para que la elección represente un nuevo punto de partida en el devenir de la patria. Gesta que habría de iniciar el 18F.