Las batallas

Oaxaca, uno de los bastiones históricos de la izquierda mexicana, ha encendido focos rojos en la dirigencia nacional de Morena. En la cúpula del partido existe preocupación por la operación de un grupo de poder que, pese a estar rodeado de controversias y episodios polémicos, busca controlar candidaturas estratégicas en distintas regiones del estado con una ruta perfectamente definida: conquistar la capital en 2027 y construir desde ahí la disputa por la gubernatura en 2028.

Liderazgos morenistas me comentan que en el círculo cercano de Ariadna Montiel tienen perfectamente claro que en política los problemas ignorados rara vez desaparecen. Por el contrario, suelen crecer hasta convertirse en crisis. Y cuando se trata de procesos electorales, los focos rojos que no se atienden terminan reflejándose en las urnas.

Por eso, en momentos en que la oposición se ha endurecido en diversos estados del norte del país, Morena no quiere sorpresas en entidades consideradas emblemáticas para la izquierda. Oaxaca es una de ellas. De ahí que la revisión de perfiles para las próximas candidaturas locales y federales haya comenzado mucho antes de lo habitual y sí, han puesto lupa.

Las fuentes consultadas sostienen que el partido enfrenta un desafío distinto al de sus años fundacionales. Ya no se trata solamente de ganar elecciones; se trata de cuidar quién representa al movimiento. La preocupación no es menor si se considera que en Oaxaca estarán en juego diputaciones locales y federales, 142 presidencias municipales por partidos políticos y la mayoría de los 428 municipios que se rigen por sistemas normativos internos.

La instrucción enviada desde Palacio Nacional no admite demasiadas interpretaciones. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en que Morena debe privilegiar perfiles con autoridad moral, arraigo social y congruencia con los principios de la Cuarta Transformación. Bajo esa lógica, tanto Ariadna Montiel como Citlalli Hernández participan en la construcción de mecanismos internos que permitan blindar las postulaciones.

Sin embargo, Oaxaca aparece en el radar nacional de riesgos para Morena por razones específicas. En la dirigencia morenista observan con atención el trabajo político desarrollado por los hermanos Jorge Leoncio y Lizeth Arroyo Rodríguez en el Istmo de Tehuantepec y la región Loxicha, en la Sierra Sur, una zona históricamente marcada por conflictos agrarios, violencia política, militarización y disputas de poder desde la irrupción del EPR en los años noventa.

La preocupación central morenista gira alrededor de la posibilidad de que este grupo político amplíe su influencia territorial y electoral a partir de la eventual candidatura de Lizeth Arroyo, actual diputada local y aspirante a competir por la presidencia municipal de Oaxaca de Juárez.

De acuerdo con diversas fuentes, la legisladora ha comentado en su entorno político que esa candidatura sería el paso previo para construir una ruta hacia la gubernatura en 2028. Hasta ahí, se trata de una aspiración legítima dentro de cualquier democracia.

El problema, me explican en sectores de la dirigencia nacional de Morena, aparece cuando alrededor de ese proyecto político comienzan a acumularse antecedentes, controversias y episodios que podrían representar un costo político para el movimiento de la Cuarta Transformación en los próximos procesos electorales.

Los apellidos Arroyo Rodríguez no son desconocidos en la política oaxaqueña. Desde hace años forman parte de una narrativa regional vinculada a confrontaciones políticas, disputas comunitarias y conflictos de poder que han dejado profundas divisiones en distintas regiones del estado.

Uno de los episodios más sensibles permanece en la memoria colectiva de Oaxaca: los hechos ocurridos en San Mateo del Mar el 21 de junio de 2020 -hace exactamente 6 años-, donde murieron 15 indígenas ikoots en uno de los acontecimientos de violencia comunitaria más graves registrados en la entidad durante los últimos años.

Diversas organizaciones sociales y actores comunitarios señalaron políticamente a operadores vinculados con el grupo Arroyo Rodríguez como parte del contexto de polarización que precedió aquellos hechos. Incluso existen publicaciones periodísticas nacionales que refieren el protagonismo político de Jorge Leoncio Arroyo en esa región. Hasta el momento no existen resoluciones judiciales firmes que acrediten responsabilidades penales directas en torno a aquella tragedia. Sin embargo, el episodio sigue apareciendo inevitablemente cada vez que se analiza la influencia política de ese grupo en Oaxaca.

A ello se suman episodios más recientes relacionados con escoltas, confrontaciones con autoridades y denuncias laborales provenientes del entorno legislativo. Independientemente de su desenlace jurídico, estos acontecimientos han contribuido a construir una percepción pública negativa sobre este grupo que genera resistencias incluso dentro de sectores afines a Morena.

Y justamente ahí radica la preocupación. Para la dirigencia nacional la discusión ya no gira únicamente en torno a quién puede ganar una elección, sino a quién puede hacerlo sin poner en riesgo la credibilidad del movimiento. Y en una entidad simbólica para la izquierda mexicana, una mala decisión podría costar mucho más que una alcaldía. Podría convertirse en el primer paso hacia una derrota estratégica en un bastión que ningún lopezobradorista quisiera perder. Hay lupa sobre Oaxaca.

RADAR

Y EN BAJA SE PERFILAN…

Ayer, la diputada con licencia Eva Moreno formalizó su registro ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena como aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Baja California.

Tras presentar su registro, expuso los principales ejes de su proyecto político bajo una premisa sencilla pero contundente: “Con el pueblo de Baja California todo; sin el pueblo de Baja California, nada”.

La aspirante planteó cinco prioridades: fortalecer la seguridad pública, impulsar la reactivación económica, desarrollar infraestructura con respeto al medio ambiente, consolidar una relación de coordinación y diálogo con Estados Unidos basada en el respeto mutuo, y fortalecer la unidad en torno a los principios de la Cuarta Transformación.

Moreno reconoció que la principal preocupación ciudadana sigue siendo la inseguridad. Un problema que, afirmó, erosiona la confianza social y limita las oportunidades de crecimiento económico.

“Debemos construir una cultura de paz que permita recuperar la tranquilidad de nuestras comunidades y generar condiciones para el crecimiento y el bienestar de las familias”, sostuvo.

Un saludos para mis amigos de Quadratin