Los desafíos de Ariadna

Todo partido que hace del triunfo la condición normal de su desempeño enfrenta una crisis mayor cuando no obtiene el resultado esperado. Para Ariadna Montiel es muy complicado ganar en 2027 en términos semejantes a la elección de 2024. No solo se trata de una contienda diferente —la intermedia tiene un componente local significativo; las presidenciales son eminentemente nacionales—; las condiciones del país serán distintas en lo político, económico y social.

Desde ahora, lo más conveniente será tomar como criterio de comparación los comicios de 2021 con triunfos en las contiendas locales y una baja importante en el porcentaje de votos en la elección de diputados. Morena nunca ha obtenido mayoría absoluta; su porcentaje más elevado fue en la elección pasada, 40.8%. El umbral para lograr la mayoría absoluta es 42.2% y triunfos en al menos 167 distritos. Morena en 2021 tuvo 35.4%; ese debe considerarse como el piso de un desempeño aceptable. Morena requiere del PVEM y PT para tener mayoría legislativa.

Además de las dificultades políticas y económicas que se perfilan, están las de las elecciones locales. La atención se centra en las gubernaturas, y es el partido que más se expone porque es el que más gobierna. De las 17 gubernaturas en disputa, Morena tiene 12: Sonora, Baja California, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Sinaloa, Michoacán, Zacatecas, Campeche, Guerrero, Quintana Roo y Tlaxcala; el PAN, 3: Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro; Movimiento Ciudadano, Nuevo León; y el PVEM, San Luis Potosí.

Morena ganó todos los estados en la elección de senadores en 2024, con excepción de Aguascalientes, San Luis Potosí y Querétaro. Esto haría pensar que podría prevalecer en Chihuahua y Nuevo León, escenario óptimo y razón de la embestida contra la gobernadora Marú Campos. Sin embargo, en al menos dos estados gobernados por Morena hay incertidumbre: Michoacán y Campeche. El acuerdo con el PVEM y el PT para concurrir en coalición es crítico, y todavía más la selección de candidatos. Morena es fuerte en el nivel nacional y frágil en el local, y esto abre espacio a la derrota en al menos dos estados y, posiblemente, ningún triunfo en territorios opositores.

Es evidente que la decisión de la presidenta Sheinbaum fue desdoblar en Morena la estructura del gobierno responsable de los programas sociales. Trastoca no solo la equidad, sino la legalidad, por la parcialidad del gobierno nacional y el clientelismo de por medio. Sin embargo, el problema mayor está en la interferencia del crimen organizado con las campañas, como pasó con el contrabando de combustible, según el testimonio de Julio Scherer Ibarra y las investigaciones periodísticas de Código Magenta, Latinus y Aristegui Noticias.

La imputación del gobierno norteamericano de estos días al gobernador con licencia, Rubén Rocha, atiende, entre otras razones, al acuerdo con el cártel de Sinaloa para que actuara a su favor, violentando la legalidad de la elección a cambio de protección y connivencia ya en el poder. El asunto reviste la mayor gravedad pensable. No guarda precedente e impone una severa presión a las autoridades para romper la impunidad que ha prevalecido. La cuestión es que la investigación sobre el contrabando de combustible también se ha documentado en EU, por lo que no puede descartarse que el caso de Sinaloa se extienda y comprometa no solo a otros estados y gobernadores, sino al partido mismo.

La nueva dirigente de Morena ha dicho que habrá de presentar candidatos impecables, esto es, que cumplan con garantías de probidad y distancia de grupos criminales; incluso ha señalado que este criterio se sobrepone al resultado de la encuesta, que significa, implícitamente, que podría haber prospectos encuestados que no cumplen con el perfil determinado por el partido. Por el precedente, debe decirse que es difícil impedir que candidatos, especialmente en el ámbito municipal, no celebren acuerdos con grupos criminales. Resulta positivo el compromiso público, pero en buena parte es incumplible, caso del propio gobernador de Sinaloa, quien podría haber superado el filtro partidista si tal criterio hubiera existido hace seis años.

En todo caso, el problema no radica en la capacidad de los partidos para postular candidatos ajenos a vínculos con el crimen organizado, sino en la del gobierno para romper con el pacto de impunidad, que por ahora es el mayor incentivo en la relación perniciosa para el el país entre el poder político y el crimen y causa de la tragedia nacional más trascendente.