Los límites de la impunidad

La impunidad en la política tiene dos referencias: complicidad o protección por un sentido de proyecto común. Ambas son perniciosas porque impiden que la justicia llegue; la diferencia es que en la primera quien pretenda romper con la impunidad se expone, la suerte de uno es la del otro; en la segunda hay espacio para la denuncia y se actúa si el nivel superior así lo resuelve y decide asumir los costos del rompimiento. Tema relevante para entender lo que sucede al menos en dos casos paradigmáticos de impunidad, Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos y Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa en funciones.

Práctica generalizada que los vínculos originarios de la corrupción se presenten en las campañas electorales. Obtener votos y ganar la elección cada vez requiere de más dinero. Las democracias en el mundo, incluso las más sólidas desde hace tiempo se han visto envueltas en escándalos por el financiamiento ilegal. En México no es un asunto nuevo, sí el involucramiento del crimen organizado como ostensible financiador de candidatos, caso de Sergio Carmona, ultimado en una peluquería en San Pedro, NL, a quien se le imputaba el fondeo de varias campañas a gobernador de Morena utilizando recursos del huachicol, entre otras la de Rubén Rocha. Carmona estaba por declarar ante las autoridades norteamericanas a cambio de inmunidad judicial, fue ultimado para silenciarlo.

El financiamiento ilegal proviene de tres fuentes: futuros contratistas, desviación de recursos públicos y el crimen organizado. Se han vertido declaraciones no corroboradas por criminales sobre el financiamiento de la campaña presidencial de López Obrador, sospecha alentada por la política complaciente al crimen, por el trato presidencial a figuras relevantes como Joaquín El Chapo Guzmán y por expresiones como las del proceso electoral 2021 respecto a que los criminales “se habían portado bien”, cuando se documentó su presencia clara, definitoria y abierta en la elección de gobernador en Sinaloa y Michoacán, además de otros casos emblemáticos como la elección municipal en Valle de Bravo. Es público y notorio que el presidente López Obrador nunca consideró a los narcotraficantes enemigos del Estado.

Los instrumentos para contener al crimen organizado no funcionaron, incluso se utilizaron más para los adversarios políticos que para los jefes criminales. La descomposición institucional ha crecido y las autoridades federales se ven obligadas a responder, caso de la operación Enjambre en el Estado de México. Sin embargo, las acciones no pueden dejarse en autoridades de municipios poco relevantes, debieran ampliarse a otros estados y elevarse para llegar a gobernadores en varias entidades. La recurrencia de homicidios es un indicador insuficiente porque hay territorios bajo la pax narca, esto es, lugares con bajos índices de violencia por la acción de un grupo criminal dominante que participa del control policiaco bajo condiciones de contubernio oficial y complicidad social, como sucedía en Sinaloa antes de la ruptura entre Los Chapitos y Los Mayos.

El grave deterioro de la situación ha obligado a la presidenta Sheinbaum a cambiar la estrategia. No queda claro hasta donde está dispuesta a llegar, precisamente, por la protección a los gobernadores de su propio proyecto político. El caso de Cuauhtémoc Blanco se agrava por una escandalosa acusación de abuso sexual, que también pone en entredicho la acción del gobierno de la presidenta en contra del abuso a las mujeres. Con Rubén Rocha crece el repudio de los sinaloenses y recrea su responsabilidad en el encubrimiento del homicidio del diputado Melesio Cuén, su principal adversario político, que le vincula con el secuestro de El Mayo, realizado por el hijo de El Chapo. Los dichos y los hechos, además de la situación harían inevitable la caída del gobernador.

La protección de la que gozan ambos funcionarios y muchos otros que debieran estar bajo investigación no se enmarca en la complicidad, al menos con las nuevas autoridades, sino en la idea de proteger al proyecto político en curso del desgaste y desprestigio que significaría judicializar casos ya presentes en la opinión pública y que confirmarían la idea de que la corrupción no ha desaparecido, se ha ampliado y corre generosamente a cuenta de grupos criminales.

El ciclo de la impunidad parece llegar a su límite, no por la presión social o la denuncia pública, sino por la relación conflictiva con el gobierno de Trump. Su señalamiento de asociación del gobierno mexicano con los cárteles es inequívoco, al igual que la declaratoria oficial de los cárteles Sinaloa y CJNG como organizaciones criminales terroristas. La complacencia adquiere otra dimensión y llega a la política, a las empresas e instituciones financieras que participan del crimen. ¿fin de la impunidad?