Política al margen/Jaime Arizmendi

*¡Frenar Agresiones Contra Personal de Salud!

*Inifed, Autoridades Desoyen Decreto Presidencial

*Sólo dos Años a Gobernador de Baja California

Argonmexico/Infodemia y pánico, generan odio… Ante las reiteradas agresiones a médicos, enfermeras y personal administrativo, para garantizar su integridad y mejorar sus condiciones al ejercer su labor, la diputación de Morena pide reformar el marco jurídico, y elevar la pena de cinco a 15 años de prisión para los agresores de quienes luchan contra el Covid-19.

Tan solo del 19 de marzo al 16 de abril pasados, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), recibió 140 denuncias por discriminación relacionada con la emergencia sanitaria de Covid-19, un promedio de 5 quejas por día. De esas quejas, 35 fueron interpuestas por agresiones físicas y verbales contra trabajadores del sector salud.

Peor aún, el viernes 8 de mayo fueron halladas muertas en Torreón, Coahuila, tres hermanas: una secretaria y dos enfermeras del IMSS.

Aunque la Fiscalía General del Estado descartó que ese triple feminicidio estuviese relacionado con la actividad profesional de las mujeres; el lamentable suceso levantó una ola de conmoción y repudio en todo el país.

En torno a las agresiones cometidas contra personal de salud, sobresalen dos aspectos centrales: la difusión de las mentiras y noticias falsas en torno a la pandemia, que es mundial; como también la ignorancia de la gente respecto al supuesto peligro de que puedan ser contagiados de coronavirus.

Con todo, a pesar de los tres comunicados emitidos por la Conapred en los primeros días de abril, es obvio que se requiere una campaña más intensa de difusión en torno a la forma como el personal de la salud atiende a los enfermos por el Covid-19; pero al mismo tiempo es necesario aumentar la penalización de quienes agredan a esa singular brigada de las batas blancas.

Por ello, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro, Mario Delgado Carrillo, reconoce a los trabajadores del sector salud, porque día a día realizan un enorme esfuerzo por salvar vidas en esta pandemia; y exige medidas más estrictas que garanticen la seguridad de médicos, enfermeras, camilleros y más personas que se ubican en la línea de combate a la pandemia.

Nadie puede negar que la pandemia generada por el nuevo coronavirus, debe ser la oportunidad para fortalecer el sistema de salud, no sólo con mayor infraestructura y recursos, sino también con leyes más justas para quienes diariamente están en el frente de batalla atendiendo a personas contagiadas, incluso con el riesgo de contraer ellos mismos el virus.

Mario Delgado condenó además el asesinato de tres trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón, Coahuila, al tiempo que exigió se castigue con la máxima dureza a los responsables de estos lacerantes crímenes; sobre todo cometidos ahora, ante la contingencia sanitaria que enfrenta el mundo, como nuestro país.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, expuso que la actual emergencia sanitaria demanda unidad y solidaridad. Y que una vez transcurrida esta pandemia se podrá revisar la actuación de México frente a esta crisis.

En tanto, “hay que ayudar desde nuestros distintos ámbitos para poder salir lo más pronto posible de esto”. La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, ha respaldado los encuentros virtuales con dirigentes de cámaras industriales y empresariales, quienes han expresado un panorama amplio de los efectos negativos de la pandemia, por lo que se espera que el plan del Gobierno Federal reactive la economía y proteja el ingreso de las familias.

Vale anotar que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciará esta semana el plan de reapertura de la actividad productiva, económica, social, educativa y cultural en el país. Subyace la expectativa de los sectores que han resentido los efectos del cierre de actividades no esenciales, lo cual ha servido, en gran medida, a evitar la propagación del virus entre la población.

Y no obstante que en su Edición Vespertina del Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de abril pasado, se estableció que todas las dependencias de la Administración Pública Federal suspendieran sus labores, siempre y cuando estas no sean esenciales, no todos han respetado dicho ordenamiento.

Tal es el caso del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), cuando las autoridades del organismo han obligado a sus trabajadores a continuar presentándose en las oficinas, a pesar de que su labor no es “de ninguna manera esencial”.

Desde la semana pasada, trabajadores del Inifed así lo han denunciado ante la Agencia Informativa Argonmexico, cuando incluso revelan que una persona ya fue confirmada de estar contagiada con Covid-19, y otros seis empleados se encuentran en cuarentena; aparte de que se comenta que el propio director general se tuvo que realizar la prueba del Covid-19.

Los trabajadores de la dependencia acusan que el inmueble donde laboran es una edificación prácticamente cerrada, que no cuenta con la ventilación apropiada, ya que carece de ventanas y que únicamente las puertas de acceso a cada área de trabajo, que no miden más de dos metros, representan los únicos puntos de intercambio de oxígeno.

Los denunciantes expresan temer por su integridad física, y de resultar contagiados, sobre todo a partir de que el Inifed es un organismo destinado a la desaparición, “por decisión presidencial”, y no quieren dar motivos a las autoridades para que les apliquen una factible recisión de contrato; aunque, insisten, su labor es esencial. Por todo ello, los trabajadores piden a gritos el auxilio del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, a que “tome cartas en el asunto”; porque para sus jefes del organismo, el QuédateEnCasa solamente “es una vacilada”.

¿Será que se asumen dueños de una maquiladora?… De última hora… La Suprema Corte de Justicia de la Nación impuso finalmente este lunes la voluntad constitucional y echaron para atrás la llamada Ley Bonilla, con la cual el entonces agonizante Congreso local, había regalado al ahora gobernador de Baja California tres años más de gestión, al aumentar de dos a cinco años su ejercicio.

Dicen que el empresario hotelero Gerardo Novelo Osuna senador en funciones, en su calidad de suplente de Jaime Bonilla Valdez, se inquietó también porque el mandatario bajacaliforniano tendría que ceder la estafeta el 30 de octubre de 2021 y podría retomar el encargo senatorial.

Excepto que el empresario de medios de comunicación en Baja California y Estados Unidos optara por buscar la reelección. Dicen que por las noches, nomás se le iba en puro llorar…

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