Presidenta Sheinbaum

Para efectos prácticos ya hay presidenta. La Sala Superior del Tribunal Electoral entregará este jueves 15 de agosto la constancia de presidenta electa constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a tomar posesión el 1º de octubre. Hay inobjetables razones de júbilo y satisfacción, la más importante es que es la primera mujer presidenta en la historia de México. También, hay razones fundadas de preocupación e incertidumbre.

El triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum, como ahora habrá de llamársele, fue abrumador, superior en porcentaje y volumen de votos respecto a su antecesor, quien ya había establecido un precedente mayoritario desde que en México se modernizaron los procesos electorales con la creación del Instituto Federal Electoral. Las cifras del triunfo son abrumadoras y si no fuera por la intervención ilegal del presidente y el uso de los recursos del Estado para influir en el resultado, también serían incuestionables. También debe considerarse la presencia del crimen, como lo reconoció la magistrada Janine Otálora.

La realidad es que un nuevo gobierno iniciará el primer día de octubre con el compromiso y opinable mandato de dar continuidad a lo que llaman la cuarta transformación de la vida pública. Sus referentes son la austeridad republicana, la lucha contra la corrupción, el combate a la desigualdad, gobernar para los más necesitados y pacificar al país combatiendo las causas de la violencia y la delincuencia. Inobjetables las intenciones, muy problemático el camino para hacerlas realidad, especialmente si se ven los resultados de los seis años del gobierno de López Obrador. Para los duros empoderados el mandato es el cambio del régimen democrático.

El inicio de la doctora Sheinbaum tiene lugar en condiciones muy diferentes a las de seis años antes. La más evidente es la autonomía del presidente López Obrador. Nada limitaba o influía sobre él. Incluso se desentendió de la opinión de sus cercanos colaboradores para tomar una decisión emblemática de su determinación de ejercer el poder desafiando la ley, la economía y el buen gobierno con tal de poner en claro que los grandes contratistas del gobierno y parte relevante de la mafia del poder se someterían a la voluntad presidencial. Los señalados como corruptos pronto serían generosamente indemnizados y muchos de ellos continuaron en su condición de favoritos del gobierno.

López Obrador a todos tomó por sorpresa. En breve inició el curso hacia la militarización apartándose de uno de los postulados históricos de la izquierda mexicana. Las mañaneras se volvieron un recurso de propaganda y de agresión recurrente a particulares, funcionarios y opositores. La UIF liberó indebidamente información de operaciones financieras de particulares y empresas, además de proceder ilegalmente al bloqueo de cuentas de opositores políticos. El mensaje de intimidación funcionó. Los medios y los conspicuos empresarios se sometieron y procedieron a la autocensura y a la divulgación de la propaganda política.

Con la nueva presidenta las cosas son notoriamente distintas. Todavía no toma posesión y hay un debate intenso sobre los términos de la continuidad prometida. Muchos ven lo que quisieran y son obsequiosos con la doctora, pero la presencia groseramente impositiva de quien se va plantea tempranos cuestionamientos y reservas que no existían seis años atrás. Más aún, el cambio de régimen se ha vuelto un fuerte factor de controversia e incertidumbre ante el escenario probable de una mayoría abrumadora oficialista en el Congreso. La oposición institucional es inexistente, pero la reserva a la propuesta es amplia y, para efectos económicos, grave elemento por la inseguridad jurídica que conlleva. A la presidenta preocupa, al que se va no.

La economía, la inseguridad, la crisis en las finanzas por el déficit fiscal, los compromisos financieros comprometidos, el desastre en el sector salud y educativo, la inseguridad, la violencia, las muestras explícitas de connivencia de la política con el crimen organizado, la postura del gobierno norteamericano de actuar unilateralmente en los temas de migración, seguridad, así como el tráfico de drogas plantean al próximo gobierno, es decir, a su presidenta, un escenario complicado en extremo.

La polarización como forma de consenso se agotó. Se va con un presidente cuya esencia política es ejercer el poder bajo la lógica de guerra santa. La presidenta que inicia cuenta con otras prendas y otras limitaciones, además de un entorno que impone límites y restricciones. Desde ahora se advierte la inevitabilidad del cambio, a pesar de su convicción de que es posible gobernar de acuerdo con la visión y valores de quien la llevó al poder.