Solución pendiente

Nadie en este país es ajeno a la demanda de mayor seguridad. La sensación de pérdida inminente —de los bienes e incluso de la vida— acompaña a millones de personas en su quehacer cotidiano.

Poco importa a la ciudadanía la distribución formal de responsabilidades entre los órdenes de gobierno —federal, estatal o municipal—, o entre policías o militares, siempre y cuando haya resultados: delincuentes detenidos y juzgados, reparación del daño a las víctimas. Y, sobre todo, la recuperación de la paz y la tranquilidad perdidas como un anhelo vuelto demanda de la ciudadanía y compromiso incumplido por los distintos gobiernos.

Tienen razón los integrantes de las fuerzas armadas que demandan certeza legal para su actuación en apoyo a la seguridad pública. La Ley de Seguridad Interior, aprobada en 2017, debió ser la respuesta a esta justa demanda. Esta norma establecía la intervención temporal y regulada de Ejército y Marina, en ciertas regiones del país en las que actuaban bandas criminales, poderosas frente a policías estatales con escaso armamento y capacitación. Pero fue declarada inconstitucional, justo por una campaña desatada por varios de quienes ahora nos gobiernan.

En franca contradicción con sus dichos y acciones de cinco años atrás, ahora demandan la militarización de la seguridad pública.

Cuando en 2019 se creó la Guardia Nacional, se decidió que fuera una institución de carácter civil, para garantizar la seguridad en todo el territorio nacional. Se fijó un plazo de cinco años para retirar al Ejército y a la Marina de las funciones policíacas.

La formación de la Guardia Nacional se asumió como un proceso que, mientras se desarrollaba, requeriría del apoyo de las fuerzas armadas permanentes para acudir en su auxilio cuando enfrentasen al crimen organizado, sobre todo en aquellos estados donde su poder de fuego —armamento, equipo, logística— es superior, algunas veces, al del propio Ejército.

Las y los legisladores que aprobamos la formación de la Guardia Nacional le pusimos cinco condiciones para normar el apoyo militar:

1) que se hiciera de manera extraordinaria, esto es, cuando se necesitara verdaderamente su intervención para apoyar a los integrantes de la Guardia que se estaban adiestrando;

2) que la participación militar en funciones de seguridad pública, esto es, como policías, estuviera regulada por ordenamientos expedidos ex profeso para estas circunstancias;

3) que se realizase una efectiva fiscalización de su actuación, que no parecía difícil de hacer dado el carácter excepcional de sus intervenciones;

4) que en sus funciones de seguridad pública, las fuerzas armadas permanentes estuvieran subordinadas a la conducción de la autoridad civil;

5) que su participación fuera complementaria a la realizada por la Guardia Nacional y las instituciones de seguridad de los estados y municipios.

Decreto

Apenas un año después, en mayo de 2020, el presidente López Obrador expidió un decreto que eliminó las cinco condiciones de participación de las fuerzas armadas permanentes en funciones de seguridad pública. Con el poder de su pluma firmó reglas para volver cotidiana y en todas partes, su presencia como agentes del orden civil.

El acuerdo presidencial dejó la regulación a la secretaría de Defensa; y lo de “subordinada” quedó sepultado por la realidad, justamente en sentido contrario.

El mayor problema se manifiesta en el incumplimiento del quinto requisito pues la complementariedad brilla por su ausencia. Si la GN es dependiente de la Sedena, ¿cuándo desarrollará sus capacidades y la de los órganos de seguridad estatales y municipales para cumplir el deber de proteger a la ciudadanía? O como dice el refrán: “¿tiramos la toalla” y sólo nos queda el Ejército?

En el fondo, de eso se trata la iniciativa del PRI que alcanzó en la Cámara de Diputados la mayoría calificada y que está pendiente de votación en el Senado.

De los cinco años iniciales otorgados a las fuerzas armadas permanentes en 2019 ya han transcurrido tres y medio.

El gobierno federal, lejos de haber logrado fortalecer la seguridad con la creación de la Guardia, no ha brindado buenos resultados, pues el panorama luce cada vez más complicado para buena parte de los habitantes de este país. Los militares están en las calles de las ciudades desde 2007. En las zonas rurales, muchos más, como saben los habitantes de Guerrero y otros estados sureños. Enfrentemos que la situación no ha mejorado, a pesar del empeño de los sucesivos gobiernos y por el contrario, el deterioro se ha agudizado pues los criminales ya rigen sobre actividades económicas, recaudan “impuestos”, cobran “derecho de piso” lo mismo a vendedores de pollos que a propietarios de bares y cantinas, entre otros sectores donde la delincuencia ha sentado sus reales.

Se ha pretendido asustar con el “petate del muerto” a las y los gobernadores, amenazándolos con el retiro del apoyo militar si se niegan a avalar esta reforma constitucional. Me parece punto menos que criminal esta intención de presionar a partir de distribuir los efectivos de las fuerzas armadas permanentes en función de apoyos —o negativas de— políticos.

El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea son instituciones con alta estima por parte de la población mexicana y que merecen respeto de las autoridades civiles. El presidente López Obrador, como su Comandante Supremo, los ha sometido a una presión sin parangón en su historia centenaria, como he comentado en ocasiones anteriores.

Por si el ambiente no estuviera suficientemente polarizado, hace unos días, el Presidente anunció la realización de una “consulta popular” para que sea el pueblo el que decida la forma y grado de participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública. Contraria a las leyes y al margen de las instituciones especializadas, como es el caso del INE, esta consulta se torna provocación política, foco de distracción de problemas tan graves, como la propia inseguridad y el desconcierto que priva entre el combate a la delincuencia y la impartición de justicia.

Debate

Senado y diputados nos deben un gran debate en materia de seguridad. Los propios transitorios de 2019 establecen la necesidad de la evaluación.

¿Podrían revisar la Ley de Seguridad Interior, esa que tan agitadamente descalificaron los ahora proclamadores de la militarización del país?

Tal vez allá encuentren una manera para combinar la necesidad de emplear a las fuerzas armadas permanentes para combatir al crimen organizado y, al mismo tiempo, proteger el carácter civil de las instituciones de seguridad pública. Pero por hoy, desechen la reforma de ampliación de plazo por claramente improcedente. O transfórmenla en un modelo federalista de seguridad pública que mucho nos urge.

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Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán