Un peligroso salto

“Artículo 129. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas”, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Vía rápida, el viernes pasado se consumó en la Cámara de Diputados la reforma legal para intentar despojar a la Guardia Nacional de su carácter civil.

Truco legislativo de por medio, esto es presentar una iniciativa por parte del coordinador de la mayoría de Morena copiada textualmente de la presidencial, se obviaron todos los trámites, se discutió y votó en una sola sesión y pasó al Senado.

Apenas en 2019 se realizó la reforma constitucional para la creación del nuevo organismo que tendría como función fundamental garantizar la seguridad pública. Su naturaleza —civil o militar— fue duramente debatida en el Congreso. En Diputados —cámara de origen—, la mayoría votó por el modelo militar; pero en Senadores —cámara revisora— se logró el consenso partidista para definir indubitablemente a las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, como de “carácter civil, disciplinado y profesional” (art. 21, párrafo 10). De vuelta, fue votada a favor por casi la totalidad de 500 diputados. Más claro que el agua fue el certificado de nacimiento de la recién creada institución, emitido (o sea, publicado en el Diario Oficial de la Federación) el 26 de marzo de 2019.

Desde sus primeros pasos la tensión entre las esferas civil y militar fue manifiesta. Formalmente, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) era la dependencia responsable, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración federal. En realidad, desde el primer momento la Guardia fue entregada al Ejército para su desarrollo.

Lo facilitó la desaparición de la Policía Federal, aunque algunos de sus miembros fueron integrados en la nueva organización. Pero la aportación mayoritaria de personal provino del Ejército y la Marina, dando al primero las facultades de operar —es decir, organizar— el ingreso, formación y despliegue de las fuerzas en todo el territorio nacional. Al paso del tiempo las dificultades administrativas se fueron acumulando, pues la SSPC era —y es— la dependencia administrativa responsable de la Guardia, la que emite los informes de Seguridad y del manejo de recursos ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Tamaño “desaseo” pone en riesgo al Ejército de infligir el marco normativo federal y que en un futuro próximo se les exijan cuentas a sus mandos.

Para solventar la exigencia militar de contar con certeza administrativa, el presidente López Obrador envió una iniciativa de reforma a cuatro leyes —Orgánica de la Administración Pública, de la Guardia Nacional, del Ejército y Fuerza Aérea y de Ascensos y Recompensas del Ejército— que, desde su perspectiva, podría regularizar el funcionamiento administrativo de la institución que tiene desplegados a más de 110,000 elementos en todo el país (1).

Prisa

La prisa del Ejecutivo federal tiene un motivo: anunciar el 16 de septiembre, aniversario de la Independencia de México, que la Guardia Nacional queda adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que sus integrantes estarán sometidos a la disciplina militar y a las órdenes del secretario del ramo.

La SSPC, civil, permanecería como “prestanombres” de la Defensa Nacional, es decir, un mero adorno o subterfugio para intentar evadir el mandato constitucional.

La iniciativa presidencial expone un argumento de la mayor gravedad. Cito textualmente, pues no me atrevo a sintetizar palabras que expresan el fracaso del Estado mexicano en su deber de proteger la vida y la seguridad del pueblo: “El riesgo que enfrentamos es sumamente delicado para el Estado mexicano, ya que el crimen organizado en nuestro país, se ha convertido en una fuerza ‘cuasimilitar’ que usa la violencia en contra de la población y de las instituciones públicas” (2).

En consecuencia, sólo las fuerzas armadas permanentes, bajo el esquema de la Guardia Nacional, están en capacidad de responder a esta grave amenaza.

¿Está México en el camino de la militarización? El verbo “militarizar” significa en castellano, de acuerdo con la Real Academia Española (RAE), “Someter a la disciplina militar”. La Guardia Nacional, sí. El país, no…todavía. Pero la argumentación de fondo para avanzar hacia la tercera acepción de la RAE ha sido expuesta con claridad prístina por el Ejecutivo federal: “Dar carácter u organización militar a una colectividad”. Veamos. Una y otra vez el presidente López Obrador ha insistido en que las fuerzas armadas permanentes, Ejército y Marina, son las únicas instituciones confiables para cumplir todo tipo de responsabilidades ajenas al mandato constitucional de salvaguardar la seguridad nacional.

Funcionamiento

Nada funciona en el país excepto las fuerzas armadas: construyen obras públicas, trenes, caminos, instalaciones bancarias; distribuyen medicamentos, libros de texto gratuito y vacunas; administran aeropuertos, aduanas marítimas y terrestres, etc.

Bajo la razón constitucional de su subordinación al Jefe Supremo que es el presidente de la república, hacen todo lo que les manda el presidente López Obrador, sin escatimar esfuerzos en el cumplimiento de sus asignaciones, por más ajenas a su experiencia y capacidades que pudiera parecer. Si no pueden directamente (la mayoría de las veces) subcontratan. Soldados y marinos son mano de obra cautiva…y barata.

Esta dinámica tiene un costo social sobre las fuerzas armadas. No es la emergencia del DN-3 sino la cotidianidad.

Si la violencia sigue aumentando en el país a pesar de la intervención militar, ¿qué nos queda?

Después del triunfo de la Revolución mexicana, la Comandancia Suprema de las fuerzas armadas fue depositada en una persona civil, en su carácter de presidente de la república. De derecho, a partir de 1917; en los hechos, desde 1946. Si, convencida por el presidente López Obrador, la ciudadanía considera que sólo las fuerzas armadas nos salvan de los problemas de inseguridad, violencia, corrupción y pobreza, ¿sería la mejor opción para Morena un candidato presidencial de raigambre militar?

Y si se instala la idea de la incapacidad de la administración civil para gobernar, tal como ha sucedido en materia de seguridad, ¿por qué no llamar a las fuerzas armadas a rescatar el desastre de los gobiernos civiles? ¿Cuánto nos falta? ¿Va México hacia un modelo como el de Uruguay de la década de 1970, cuando presionado el gobierno por los movimientos guerrilleros, optó por refugiarse en los militares que mantuvieron la fachada de un mandatario electo, pero desaparecieron a los partidos políticos y al Poder Legislativo, bajo el argumento de combatir la violencia tupamara?

Sustituyan “guerrilla” por “crimen organizado” y el argumento para el salto estará sembrado. Del otro lado, ¿qué nos espera? —Mérida, Yucatán

(1) En la Exposición de Motivos de la iniciativa presidencial se señala un total de 113,833 efectivos desplegados en las 266 coordinaciones regionales en que está dividido el país. De éstos, 73,805 (64.83%) provienen de la Sedena; 16,792 (14.75%), de la Semar; y 23,236 (20.41%) fueron asignados desde la extinta Policía Federal.

(2) Iniciativa presidencial para reformar diversas disposiciones en materia de la Guardia Nacional, p. 14.

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Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán