Vergonzante ofrenda

Ojalá y el envío a EU de 29 criminales vinculados al narcotráfico dé el resultado esperado, disuadir al menos por otro mes al presidente Trump para imponer ilegales aranceles a las exportaciones mexicanas, gravámenes contrarios al acuerdo comercial que él mismo promovió y firmó en su primera presidencia. Ojalá y se cumpla con ese objetivo, pero el asunto debe apreciarse en otro plano, por importante que sea regresar a la normalidad comercial.

Es un error ver los aranceles como un recurso del gobierno americano para que las autoridades mexicanas y canadienses actúen proactivamente en materia migratoria o freno al narcotráfico. Lo que plantea Trump está en el plano de la economía y tiene que ver con la idea cuestionable y quizá imposible de que EU sea potencia exportadora de manufacturas. Hay que escuchar a su asesor principal en esta materia, el economista Peter Navarro para entender qué mueve a Trump en su iniciativa.

Las razones por las que Trump puede ser disuadido de imponer aranceles es su impacto en la población por la inflación y la percepción de que es un error optar por esas medidas. La inflación está en los primeros lugares de las preocupaciones de los norteamericanos. Votaron por Trump para resolver este problema, a pesar de que en ese rubro Biden entregó buenas cuentas, pero el tema no son los reportes oficiales, sino las percepciones. La imposición de aranceles tendrá un efecto inflacionario e influiría en las elecciones de Congreso y un tercio del senado a finales del próximo año. Trump va a la baja en el acuerdo presidencial y sus excesos como el maltrato grosero al presidente de Ucrania empiezan a cobrar factura para mostrar la auténtica cara de un déspota con lances propios de un gánster.

El plano en el que debe contemplarse la historia del traslado masivo de criminales es el reconocimiento de dos temas que dan cuenta de la situación del país en términos nada favorables: la debilidad frente al vecino y la derrota del sistema de seguridad nacional respecto a criminales cuyos delitos tuvieron lugar en el territorio nacional, sí con implicaciones en el vecino, pero asesinaron, extorsionaron, corrompieron y robaron en México, y aquí mismo es donde debieran ser enjuiciados y sancionados.

La decisión es vergonzante y de dudosa legalidad, con implicaciones graves; la presidenta Sheinbaum ha decidido no asumirla; la responsabilidad de la decisión se la traslada al gabinete de Seguridad, integrado por subordinados de ella. La reacción inicial de la opinión pública nacional ha sido positiva para la presidenta Sheinbaum, lo que indica los pésimos reflejos de la parte editorial independiente, una parte por la expectativa de que ayudaría a una buena relación con el poderoso y agresivo vecino; por otra, porque ven un cambio deseable en la estrategia de combate al crimen organizado y la violencia asociada. La realidad es que luchar contra el crimen debe partir de objetivos domésticos y la lucha contra la impunidad enmarcarse como una gran cruzada que a todos los mexicanos convoca y que ha quedado comprometida por la protección de funcionarios importantes del régimen, especialmente, gobernadores bajo fundada sospecha de colusión con el crimen.

La relevancia en todo esto es que la situación crítica del país en materia de seguridad y la amenaza que representa Donald Trump y los suyos han obligado al abandono de la política complaciente del pasado. El cambio era inevitable y queda el registro que, así como la mayor debilidad del régimen priísta fue su asociación con la corrupción, la de Morena es su vínculo real, simbólico o percibido con el crimen organizado, sin dejar de ser corrupto. En ninguno de los casos es imaginario o invento producto de la maledicencia, sino resultado de una evidencia que no puede desdeñarse ni superarse a partir de respuestas retóricas.

No fue extradición, porque impediría que los sujetos de la ofrenda sean sancionados con pena de muerte. El gobierno de México optó por el traslado, figura de frágil legalidad; además, el régimen de excepción que implica la declaratoria de terroristas a los cárteles mexicanos significa que los imputados pierdan sus garantías procesales y, eventualmente, ser condenados a pena máxima. Las autoridades norteamericanas anticipan pena de muerte para Rafael Caro Quintero y otros cuatro enviados más. La figura de traslado y la declaratoria es una carta en blanco para que las autoridades norteamericanas actúen libremente.

Por lo pronto, la ofrenda no debe ser motivo de orgullo, tampoco de tranquilidad; es producto del fracaso y la debilidad del Estado mexicano frente a los criminales y a su vecino del norte.