Versiones encontradas

Dos periodistas de reconocida reputación presentan versiones distintas sobre el retiro de la visa de la gobernadora de Baja California, María del Pilar Ávila. La primera, de Adela Navarro, directora del semanario Z, sostiene en una primera aproximación que el problema no se centra en la gobernadora, sino en las actividades de su esposo, Carlos Torres. La implicación es delicada, pues se sugiere que él actúa con el respaldo de Ávila, quien incluso estaría promoviendo su candidatura para alcalde de Tijuana por Morena.

Por otro lado, Tim Golden, periodista galardonado en dos ocasiones con el premio Pulitzer, cita a un funcionario anónimo que confirma la existencia de un grupo de trabajo en la Casa Blanca enfocado en el narcotráfico en México. Este grupo habría elaborado una lista de políticos prominentes, en su mayoría gobernadores, y altos mandos militares no identificados. Golden ya había revelado anteriormente la investigación en Estados Unidos sobre supuesto financiamiento ilegal del cártel de Sinaloa a la campaña presidencial de López Obrador en 2006.

Ambas investigaciones no son excluyentes. Si la versión de Navarro prevalece, el daño se limitaría a Baja California y a su gobernadora, un escenario menos problemático para Morena y la presidenta Sheinbaum. Pero si la versión de Golden es correcta, el problema se extiende a una red de corrupción que podría afectar a varios políticos y militares. De hecho, el lunes pasado la periodista Adela Navarro afirmó que sí fueron actos de la gobernadora los que motivaron la cancelación de la visa y refiere a que a mediados de abril la mandataria ordenó suspender una investigación sobre una fosa clandestina, hecho desmentido por la fiscalía de la entidad.

La reacción de Morena ha sido cerrar filas, como en otros casos, ya sea con Cuauhtémoc Blanco o Rubén Rocha. No obstante, la situación se agrava si se confirma que el retiro de la visa responde a investigaciones más amplias. Si se demuestra que la acción no fue consecuencia de la conducta de la gobernadora, el gobierno federal podría intervenir para restaurar su permiso migratorio, lo que fortalecería la imagen de la presidenta Sheinbaum. Sin embargo, si el retiro de la visa se sostiene, la sospecha sobre la gobernadora Ávila persistirá, y no sólo eso, continuará la versión de que es uno de los muchos casos que vendrán.

El contexto invita a considerar múltiples escenarios, incluidos listados extensos de funcionarios señalados y la posibilidad de que los casos del alcalde de Matamoros y la gobernadora de Baja California sean prémbulo de una estrategia estadounidense contra la colusión de autoridades mexicanas con el crimen organizado. Los testimonios de delincuentes que buscan reducir sus condenas en cortes norteamericanas suelen ser una fuente de información para las fiscalías, aunque no siempre son verificables, como ocurrió en el caso de García Luna. De pronóstico reservado la reacción de la presidenta Sheinbaum ante una acción de tal naturaleza. La opción de “venezualizar”, presente en Morena, sería atroz. El peligro para López Obrador es que las acciones de las autoridades norteamericanas puedan volverse en su contra, involucrando a sus funcionarios e incluso a él mismo. No se trata de rumores infundados: existen precedentes, como la ejecución del rey del huachicol Sergio Carmona en 1991 y su presunto financiamiento ilegal a campañas de Morena. Tanto él como su hermano habrían controlado la aduana de Reynosa en los primeros años del gobierno actual, facilitando el tráfico ilegal de combustibles,