Analizan en Yucatán reformas sobre libertad de expresión

MÉRIDA, Yuc., 24 de abril del 2026– En el marco del foro “Defender Derechos No es Delito”, periodistas, personas defensoras de derechos humanos y organizaciones civiles sostuvieron un diálogo abierto sobre una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado en materia de libertad de expresión.

El evento fue encabezado por la diputada Clara Paola Rosales Montiel, en coordinación con Amnistía Internacional México, Igualdad Sustantiva, Kanan Derechos Humanos y el colectivo Somos Periodistas, con el objetivo de escuchar experiencias y propuestas en torno al ejercicio periodístico y la defensa de derechos en la entidad.

Durante su participación, el abogado Miguel Anguas, de Kanan Derechos Humanos, planteó cuestionamientos sobre la percepción de seguridad en el estado. 

“A menudo escuchamos que Yucatán es el estado más seguro de Méxic sin embargo, es nuestra obligación ética hacer una pausa y plantearnos una pregunta incómoda: ¿esa paz y esa seguridad para quiénes?”, expresó.

El abogado señaló que, desde su perspectiva, en la entidad existe una forma de violencia institucional hacia personas defensoras y periodistas.

 “Hoy en Yucatán, defender el agua, defender la tierra, los derechos indígenas y ejercer el periodismo crítico es una actividad de alto riesgo y criminalización”, afirmó.

Explicó que esta situación se refleja en el uso del sistema penal. “Se fabrican delitos, se abren carpetas de investigación por figuras ambiguas como obstrucción de las vías de comunicación, difamación, entre otras, y se desgasta económicamente y psicológicamente a quienes alzan la voz”, indicó.

Anguas también hizo referencia a casos en comunidades como Sitilpech, Chapab y Santa María Chi. “Se les trató como delincuentes por defender el agua que todos bebemos”, señaló sobre las protestas relacionadas con problemáticas ambientales.

En el caso del ejercicio periodístico, agregó que existen presiones legales que pueden derivar en autocensura. “Cuando se silencia a un periodista que cubre el medio ambiente y los derechos humanos, se ciega a toda la sociedad”, sostuvo.

Por su parte, Rowan, representante de Igualdad Sustantiva, enfatizó la importancia de reconocer la protesta social como un derecho. 

“La paz no es posible cuando se silencian voces, no hay convivencia real cuando se castiga a quienes defienden derechos humanos”, expresó.

Añadió que “la defensa del territorio, la organización colectiva y la protesta social no son delitos”, por lo que consideró necesaria la derogación de ciertos tipos penales. “Protestar es un derecho, defender el territorio es legítimo y garantizarlo es responsabilidad del Estado”, puntualizó.

En tanto, Javier Escalante, integrante de Somos Periodistas, explicó que la propuesta legislativa busca eliminar los delitos contra el honor del Código Penal. “No se trata de ningún cheque en blanco para las y los periodistas se trata de la oportunidad de actualizar la legislación local”, afirmó.

Detalló que esta iniciativa ha sido presentada en anteriores legislaturas sin concretarse. “Es la tercera vez que hacemos esto… ojalá esta vez pueda prosperar y tener éxito”, comentó.

Escalante indicó que la eliminación de estos delitos no implica ausencia de sanciones. “Si una persona miente o daña la reputación de alguien, esas sanciones ya existen dentro del Código Civil”, explicó.

Asimismo, subrayó que mantener estos delitos en el ámbito penal puede generar afectaciones a quienes ejercen el periodismo.

 “Evita que una persona que se dedica al periodismo tenga que pasar por estos trámites en juzgados, gastar dinero y afectar su salud”, dijo.

Las y los participantes coincidieron en que el análisis de estas reformas representa una oportunidad para armonizar la legislación estatal con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.

El foro concluyó con el llamado a que el Congreso del Estado continúe el diálogo con los distintos sectores y considere las propuestas presentadas.