Codhey fija postura ante nuevas medidas del gobierno del estado

MÉRIDA, Yuc., 17 de julio de 2020.- Ante las nuevas medidas para restringir la movilidad, implementadas por el gobierno del estado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) reiteró a las autoridades locales que deben “procurarse en respeto por los derechos humanos a fin de preservar el Estado de Derecho y sus principios constitucionales”.

En cuanto al Acuerdo SSY 04/2020, por el que se modifica el Acuerdo SSY 01/2020, donde se establecen medidas de seguridad sanitaria para evitar la propagación del virus que causa el Covid 19 entre los yucatecos, publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 16 de julio del año expresó que las autoridades deben dar respuesta puntual a las demandas del momento histórico, pero se deben apegar al respeto de la ley, los derechos humanos y sus garantías de protección.

Llamó a reconocer que es “un momento crítico para la vida nacional y para la entidad”, por lo que los poderes públicos han tenido que actuar “de manera oportuna, objetiva y proporcional a las necesidades que ha producido el avance de este virus”, pues si bien se entiende que hay efectos puntales y marcados en todos los sectores productivos de la entidad, “es momento de ponderar la vida y la salud”.

Mencionó que es imprescindible una colaboración y acompañamiento de todas las autoridades públicas, así como la urgencia de fomentar una cultura de derechos humanos, pues de otro modo las incidencias continuarán en incremento y se tendrán que adoptar otras medidas más estrictas a fin de proteger la salud y la vida.

El actuar de una política estatal dictada para preservar la salud y la vida, debe ser entendida, dentro del irrestricto respeto a la división de poderes y competencias, como un instrumento que en este momento decide contener y disminuir la movilidad estatal no derivada de emergencias; es decir, que los traslados vehiculares hospitalarios o situaciones emergentes que se susciten durante esta pandemia no se verán afectados y por el contrario, mantendrán sus actividades para garantizar y preservar la salud y la vida pública.

Sin embargo, las medidas impuestas por el gobierno estatal no deben buscar la sanción, sino garantizar los derechos humanos, por lo que la aplicación de las mismas, deben considerar criterios “debidamente justificados a pesar de no estar previstos en el decreto” emitido por el gobierno, evitando cualquier conducta arbitraria o genere un abuso del poder.

La Comisión llamó a “fomentar la paz, la armonía, la tolerancia y centrarnos” en la lucha juntos contra el Coronavirus.
Por último, advirtió que en todo momento “estará pendiente de atender a cualquier persona que considere que sus derechos se encuentran vulnerados” debido a las nuevas medidas implementadas a nivel estatal.