Demandan a Congreso local por criminalizar protestas en redes sociales

MÉRIDA, Yuc., 3 de agosto de 2020.- El Colectivo por la Protección de Todas las Familias en Yucatán (Colectivo PTFY) y la organización Artículo 19, Campaña Global por la Libertad de Expresión, presentaron una demanda de amparo contra del Congreso del Estado de Yucatán, “por criminalizar la protesta y el activismo en redes sociales a través de una reforma al Código Penal de la entidad”.

El pasado 13 de marzo, se publicó una reforma al Código Penal del Estado de Yucatán para introducir el delito de “ciberacoso”, en la que se establece de seis meses a tres años de cárcel, a quien “intimide y asedie a cualquier persona, a pesar de su oposición, por medio de las Tecnologías de la Información y Comunicación, tales como redes sociales, mensajería instantánea, correo electrónico o cualquier otro medio digital; mediante el envío de mensajes de texto, videos, impresiones gráficas, sonoras o fotografías”.

Ambas organizaciones consideran que la reforma permite que se utilice el aparato de justicia penal para inhibir las críticas y exigencias a funcionarios públicos en redes sociales y en Internet.

El Colectivo PTFY y Artículo 19 señalaron que “si bien la iniciativa buscaba atender un problema serio y grave en la sociedad, la redacción utilizada es tan genérica y amplia que prohíbe cualquier campaña de exigencia o denuncia por redes sociales en la cual se etiquete y se interpele las cuentas de funcionarios públicos”.

Denunciaron que “se aprovechó la necesidad de atender una causa legítima para instaurar un mecanismo que inhibe la organización de colectivos, organizaciones y movimientos” en redes sociales y el Internet.

Carlos Escoffie Duarte, del área jurídica del Colectivo, indicó que “preocupa” la forma en que se redactó el delito: “no indica qué tipo de contenido está prohibido enviar, tampoco indica cuál debe ser la intención u objetivo de la persona que envía la información para que ésta sea prohibida, además de que cualquier funcionario al percibir rechazo público podría argumentar sentirse ‘intimidado’ o ‘asediado’”.

Por su parte, el subdirector regional de Article 19, Leopoldo Maldonado, indicó que su organización ha documentado “una tendencia en distintos estados del país por incluir delitos nuevos, que en principio se presentan para atender algún problema que impacta a la sociedad, pero que su redacción es tan amplia y ambigua que permite criminalizar diversas manifestaciones de la libertad de expresión, como lo es el activismo y la protesta digital, los cuales adquieren una importancia aún mayor en tiempos de pandemia”.

La iniciativa de reforma fue presentada el 16 mayo del 2019, en medio de un fuerte debate público, a lo que el Colectivo PTFY recordó que las redes sociales fueron unos de los principales espacios para manifestar el rechazo a diversos diputados y diputadas.

También subrayan que preocupa que la incomodidad a la crítica haya motivado esta redacción, con el fin de criminalizar la protesta por redes sociales en Yucatán, la cual ha sido muy efectiva no solo para el movimiento LGBT+, sino también para otros movimientos que podrían verse amenazados”.