Denuncian incumplimiento en el Congreso sobre derechos reproductivos

MÉRIDA, Yuc., 13 de agosto de 2025.– A un año de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara al Congreso del Estado modificar el artículo primero de la Constitución local y despenalizar el aborto voluntario hasta las 12 semanas, organizaciones feministas acusaron que las y los legisladores mantienen un “mensaje discriminador y criminalizador” contra mujeres y personas con capacidad de gestar, al incumplir parcialmente la resolución el día de ayer en el pleno del Congreso.

Amelia Ojeda, abogada y consultora en género, acceso a la justicia y derechos sexuales y reproductivos, explicó que la sentencia del 21 de agosto de 2024 instruyó al Legislativo estatal a eliminar del texto constitucional la “protección absoluta de la vida desde la fecundación”, por considerarse discriminatoria y contraria a criterios previos de la Corte. Desde 2021, el máximo tribunal había determinado que las legislaturas locales carecen de facultades para definir el inicio de la vida o otorgar estatus de persona al embrión o feto.

En abril pasado, el Congreso aprobó la despenalización parcial del aborto voluntario hasta las 12 semanas en el Código Penal, pero no alcanzó la mayoría calificada de 24 votos requerida para modificar la Constitución. En ambas votaciones, señaló Ojeda, “toda la bancada del PAN y el diputado Henry Botello, del Partido Verde, votaron en contra”.

El Poder Legislativo envió al juzgado las acciones realizadas; sin embargo, la jueza determinó que hubo un cumplimiento parcial y ordenó repetir la votación.

 “Era evidente que nuevamente no se alcanzarían los votos. Esto es una obstaculización deliberada al mandato judicial”, afirmó la abogada.

De acuerdo con Ojeda, el Congreso deberá remitir ahora las constancias del procedimiento, incluyendo el sentido del voto de cada diputada y diputado.

 “Esperamos que se les imponga una multa por incumplimiento. De persistir, la jueza podría ordenar nuevas votaciones y aplicar sanciones adicionales”, apuntó.

Las organizaciones que han acompañado el proceso —UNASSE y Abortistas MX— continuarán dando seguimiento jurídico y analizando otros recursos para presionar el cumplimiento. 

“El trabajo legislativo, aunque nadie lo solicite, implica revisar el marco normativo para garantizar que nada contravenga los derechos humanos ni la Constitución Federal. Lo que vemos aquí es una negativa a cumplir con ese deber”, concluyó Ojeda.