Funcionarios de CFE exponen sentido social de Reforma Eléctrica

MÉRIDA, Yuc., 2 de febrero de 2022.- Costo de las tarifas: residencial e industrial, evolución de la oferta y demanda, fuentes generadoras de energía, renovables y no renovables, temas del Foro 11 del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, donde participaron funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), especialistas y representantes de la Coparmex.

Dar sentido social al sector energético

Al hablar a favor, Mario Morales Vielmas, director general de Intermediación de Contratos Legados de la Comisión Federal de Electricidad, mencionó que la CFE tiene el compromiso de establecer tarifas para el servicio público y que la iniciativa presentada por el presidente de la República busca devolver a las y a los mexicanos el sentido social que tiene el sector energético, porque la energía eléctrica es una necesidad básica, más cuando hay desigualdades tan pronunciadas en el país.

Indicó que la CFE tiene el compromiso de impulsar el desarrollo del país con energía eléctrica; el interés privado solo piensa en utilidades y más cuando son empresas extranjeras. El sector servicios ya no tiene sentido social, el alumbrado público aumentó de manera extraordinaria y hoy los municipios y estados tienen graves problemas para pagar sus montos.

Destacó que la Comisión tiene el 38 por ciento de energías limpias produciéndose en este momento, contra el 62 por ciento de fósiles, y solo el 3.1 por ciento de la energía de combustóleo es el que se inyecta al sistema. Los privados tienen el 20 por ciento de energías limpias cuando tienen más centrales. Con la reforma, afirmó, se busca tener tarifas justas y no existe el costo cero.

Añadió que el Estado tiene una obligación y la está asumiendo, en cuanto a la rectoría y de impedir que ocurra lo que en otros países: que los grandes capitales, en este caso privados extranjeros, se apoderen de un mercado y de la producción de energía eléctrica, si no, “lo vamos a lamentar. Hay que escucharnos y tomar una decisión para fortalecer a la CFE y al Estado, pero siempre poniendo en el centro al ciudadano”.

La energía sería más cara y contaminante con esta reforma

José María Lujambio Irazábal, abogado energético y socio del despacho jurídico Cacheaux, Cavazos & Newton y exfuncionario de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), comentó que la iniciativa propuesta no cumplirá con los propósitos que se están planteando; al contrario, tendría impactos negativos en muy diversos sentidos. “De aprobarse la reforma se legalizaría esta práctica de mayor utilización de fuentes fósiles y la energía sería más cara, contaminante y escasa”.

Mencionó que la finalidad del suministro calificado es que ciertos usuarios puedan acceder a diversas alternativas y que tengan la libertad de elegir al proveedor de electricidad que mejor satisfaga sus necesidades. Asimismo, contribuye directamente a la competitividad de las empresas al ayudarles a reducir sus costos, lo cual se traduce en productos y servicios más baratos y de mayor calidad.

Indicó que en los últimos años se ha visto que los contratos de suministro calificado permiten lograr ahorros para los grandes consumidores, entre 5 y hasta 30 por ciento, siendo el rango más común entre 15 y 25 por ciento.

Comentó que el Ejecutivo ha pedido al Congreso evaluar la posibilidad de quitarle a los consumidores del país el derecho con el que hoy ya cuentan de elegir al proveedor de energía eléctrica que más les convenga. “Necesitamos darnos cuenta que la salida de inversiones productivas sería devastadora para la economía mexicana”.

Las tarifas eléctricas han perdido el sentido social

A favor, el director general de CFE Suministrador de Servicios Básicos, José Martín Mendoza Hernández, señaló la necesidad de modificar en la legislación el tema de los costos, porque existen 180 tarifas a lo largo del país, lo cual ha originado que se pierda el sentido social y que los estados y municipios deban a la Comisión Federal de Electricidad cerca de 20 mil millones de pesos, por la imposibilidad de pagar el agua potable y el alumbrado público.

Mencionó que con el actual marco normativo se restringe el crecimiento en la inversión, por lo que se requiere reformar los conceptos de generación y distribución, pues ello impacta en los costos, así como adecuar el mercado spot, el cual se desarrolla en un entorno de volatilidad.

Apuntó que en este momento se tiene una estabilidad tarifaria gracias a los acuerdos específicos de la CRE; no obstante, el suministro calificado beneficia sólo a particulares.

Precisó que la reforma busca proteger al 90 por ciento de los clientes de la CFE por medio de la conservación del esquema actual de subsidios, el cual es del 50 por ciento. En este sentido, explicó que el 80 por ciento de los usuarios de la Comisión paga entre 200 y 500 pesos, lo que representa un costo de 3.5 pesos diarios por el consumo de energía eléctrica.

Sumar esfuerzos privados y gobierno

Carlos Aurelio Hernández González, vicepresidente de Energías Renovables de la Comisión de Energía de la Coparmex, expresó que se quiere una CFE fuerte, pero las tarifas de consumo básico no han bajado y la propuesta de reforma constitucional es contraria a la libertad de elegir de las y los mexicanos a quién consumirle y a la libertad de emprender de las empresas e innovar.

Hizo votos para sumar esfuerzos entre los privados y el gobierno, porque México tiene el potencial de ser líder exportador de energía eléctrica de Norteamérica y Centroamérica; hay interconexiones y la capacidad de energía limpia, eólica, solar e hidroeléctrica. Es importante el trabajo en equipo para enfrentar el reto que es el sistema eléctrico del país. De darse la reforma constitucional en sus términos, se apagarían estas centrales.

Añadió que las empresas están comprometidas con la responsabilidad social, el medio ambiente y con toda la comunidad del país. Reconoció que la CFE es el principal proveedor de energía limpia, pero es insuficiente. “No ha habido nueva energía limpia por parte de CFE en los últimos 20 años y el crecimiento que hemos visto de tres por ciento de 2016 al 11 por ciento de pura energía eólica y solar y con la biomasa 12 por ciento, será gracias a la entrada al mercado y a las inversiones privadas que se detonaron en ese entonces”.

Destacó que no se debe hacer una reforma constitucional que meta en una licuadora a los suministradores calificados, básicos y sociedades de autoabasto, porque son dos esquemas de generación distintos que no se pueden comparar. Además, comentó, las tarifas en México no deberían subir menos que la inflación, porque están hechas para disminuir, a través de la libre competencia y que el consumidor se sienta bien atendido. Se está dejando fuera al consumidor, a las familias mexicanas y a las pequeñas y medianas empresas. Pugnó por revisar la reglamentación y los manuales.