Inicia el camino hacia el aborto seguro en Yucatán: UNASSE

MÉRIDA, Yuc., 9 de abril de 2025.- “Este es un triunfo por los derechos humanos de las mujeres y personas con la capacidad de gestar, pero también es el inicio de un proceso para que esto se materialice en la prestación del servicio de un aborto seguro para quienes tomen la decisión”, señaló Amelia Ojeda Sosa, coordinadora Jurídica de UNASSE A.C.

Entrevistada luego de la sesión de pleno donde se aprobó por mayoría la despenalización del aborto, señaló que se cumple de manera parcial la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues se atendieron algunos puntos respecto al Código Penal.

La sentencia, dijo, establece la eliminación de la penalización por el aborto voluntario, sin embargo, se puso un límite de 12 semanas, sin embargo, dijo, esto se debe celebrar.

“Creo que a 104 años de que Elvia Carrillo Puerto buscara legislar por los derechos reproductivos de las mujeres y tomando en cuenta el contexto en el que vivimos, esta aprobación se debe celebrar”, explicó.

Y es que afirmó que se vio la voluntad política de las y los legisladores, la capacidad de escuchar las propuestas que se pusieron sobre la mesa, mismas que fueron presentadas por colectivas y quienes han estado trabajando en este tema desde hace años.

Respecto a la postura de Acción Nacional en Yucatán, señaló que deben tomar en cuenta que este es un tema de cumplimiento de la obligación de legislar por los derechos humanos, y que en el articulo 1 de la Constitución no se elimina la Protección a la Visa, sino se reforzaba la protección a las personas titulares de derechos humanos.

“La protección a la vida del embrión o feto se da a través de poder dar esa misma protección a la mujer o a la persona con capacidad de gestar” explicó.

Finalmente dijo, se debe garantizar que si las mujeres o personas gestantes tienen una maternidad deseada, se les brinde todo el acompañamiento del estado, pero si toman la decisión – por la razón que sea- de ejercer su derecho a decidir, también tengan todo el acompañamiento del estado “y no la criminalización política, legal o social”.