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MÉRIDA, Yuc., 25 de febrero de 2026.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), María Méndez Correa, presentó ante el Congreso del Estado, el Informe Anual de Actividades 2025, en el que se reporta la atención de 140 quejas, de las cuales 131 fueron calificadas como presuntas violaciones a derechos humanos.
Durante su mensaje dirigido a diputadas y diputados, Méndez Correa subrayó que la defensa de la dignidad humana exige pasar del discurso a acciones concretas.
“La mayor amenaza a los derechos humanos es la indiferencia. La obligación de todas las personas dedicadas al servicio público es pasar del discurso a la acción”, expresó desde tribuna.
La titular de la Codhey señaló que en 2025 se documentaron 284 hechos presuntamente violatorios, entre los que destacan: prestación indebida del servicio público (83 casos), detención arbitraria (65), lesiones (52), amenazas o intimidación (25) y omisión de proteger la integridad personal (20), entre otros.
Precisó que la diferencia entre el número de quejas y el total de hechos se debe a que un mismo expediente puede contener más de una violación señalada.
En cuanto a autoridades involucradas, el informe señala que existen 52 instancias señaladas en los expedientes, siendo las más recurrentes la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (44 casos), la Fiscalía General del Estado (14), la Secretaría de Educación (9) y los ayuntamientos de Valladolid, Oxkutzcab, Timucuy y Tzucacab.
La presidenta informó que durante el año se realizaron 54 audiencias entre las partes, logrando conciliar con éxito 24 quejas con ocho autoridades. Además, la Comisión inició de oficio 11 expedientes relacionados principalmente con presuntos abusos de fuerza pública, fallecimientos en cárceles municipales y casos que involucran a adolescencias.
Con especial preocupación, Méndez Correa destacó que nueve quejas están relacionadas con la vulneración al derecho a la vida en cárceles municipales de Motul, Dzitás, Tzucacab y Dzan.
En materia de recomendaciones, la Codhey emitió 16 dirigidas a 19 autoridades. La presidenta explicó que se modificó la estrategia de seguimiento para fortalecer el cumplimiento efectivo y la reparación integral del daño.
“El éxito no está en documentar las violaciones y acumular expedientes, sino en evitar que ocurran mediante un acompañamiento pronto, oportuno y eficaz”, afirmó.
Asimismo, señaló que por primera vez en 33 años se privilegia un enfoque de justicia restaurativa, con atención prioritaria a personas víctimas y grupos históricamente discriminados.
En la parte final de su intervención, Méndez Correa advirtió que los desafíos en materia de derechos humanos persisten y requieren decisiones valientes, presupuestos suficientes y políticas públicas efectivas.
“La historia nos juzgará no por lo que dijimos en esta tribuna, sino por lo que transformamos en la vida cotidiana de las personas”, concluyó al hacer entrega formal del informe impreso a la Mesa Directiva del Congreso de Estado.