Presentan iniciativas para despenalizar el aborto en Yucatán

Mérida, Yuc., 5 de febrero de 2025.- En presencia de activistas e integrantes de colectivas, las diputadas Clara Rosales Montiel de MORENA y Larissa Acosta Escalante de Movimiento Ciudadano presentaron ante el Pleno del Congreso del Estado, dos iniciativas para legislar sobre la despenalización del aborto en la entidad, con el objetivo de garantizar el acceso legal, seguro y gratuito a la interrupción del embarazo.

Durante su intervención, Rosales Montiel destacó que hace tres años se encontraba a las afueras del recinto legislativo, acompañando a mujeres, madres, personas gestantes y activistas que exigían el derecho a decidir sin criminalización.

“Traer esta lucha a esta tribuna es una responsabilidad que muy pocas personas estamos dispuestas a asumir, pero es un paso necesario”, expresó.

La morenista subrayó que la penalización del aborto perpetúa la violencia, limita la autonomía de las personas y agrava la desigualdad social, al señalar que no todas las personas gestantes tienen acceso a procedimientos seguros ni la posibilidad de trasladarse a otro estado para ejercer este derecho.

Además, precisó que, durante 2022 se registraron mil 521 partos de niñas y adolescentes entre 10 y 17 años, y 2 de cada 10 mujeres embarazadas que dieron a luz tenían entre 12 y 14 años.

“Estas niñas no son madres por decisión propia, son víctimas de un sistema que les niega su infancia y les impone una maternidad forzada”, enfatizó.

Por su parte, la diputada Larissa Acosta Escalante, en colaboración con organizaciones civiles, presentó una iniciativa paralela para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo con un enfoque integral de derechos y cuidados. Esta propuesta, señaló en tibuna, responde al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece la obligación de los estados de armonizar su legislación para garantizar el acceso a este derecho.

Además, advirtió que la legislación actual penaliza a médicos y enfermeras por brindar atención a personas gestantes, generando incertidumbre en los servicios de salud. Con la reforma propuesta, dijo, se busca garantizar seguridad jurídica para el personal médico y reconocer el derecho a la objeción de conciencia.

“La verdadera barrera no está en la ciencia ni en la salud, sino en la falta de información, en el miedo a ser señaladas y en la ausencia de políticas públicas que garanticen un acceso libre de violencia”, subrayó Acosta.

De acuerdo con la información presentada, las iniciativas presentadas por las diputadas locales buscan reformar la Constitución Política del Estado de Yucatán en su artículo 1º, párrafo cuarto, para reconocer, proteger y garantizar el derecho a una vida digna.

Así como el Código Penal y la Ley de Salud en diversas disposiciones para la despenalización  del aborto en la entidad, reconocer el aborto forzado como un delito, garantizar el acceso a información clara y libre de prejuicios sobre salud sexual y reproductiva; regular la objeción de conciencia en el personal de salud y brindar atención integral durante el embarazo, parto, puerperio y en las etapas neonatal, infantil y adolescente.

Las diputadas destacaron que estas iniciativas son el resultado de décadas de lucha de activistas, académicas, litigantes y organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, reconocieron el legado de la doctora Sandra Peniche, pionera en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en Yucatán, y de la abogada Amelia Ojeda, quien ha acompañado a mujeres criminalizadas y promovió el amparo que hoy obliga al Congreso a legislar sobre el tema.

también se reconoció el papel fundamental de la investigación de CEJUDI, dirigida por la abogada María Paula Balam, que ha documentado durante años la urgencia de despenalizar el aborto en la entida y  se destacó la labor de activistas como Ligia Vera, Celeste Patiño y Nancy Walker, quienes han impulsado esta agenda desde la sociedad civil.