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MÉRIDA, Yuc., 2 de julio de 2025 – En el marco de la presentación de resultados del monitoreo ciudadano del proceso electoral judicial 2025 en Yucatán, María Paula Balam, directora ejecutiva del Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (CEJUDI), subrayó la relevancia de fortalecer la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos democráticos, especialmente en aquellos que, como este, son inéditos en la historia del país.
“El monitoreo ciudadano es una herramienta clave para mirar cómo vivimos la democracia desde lo local y para generar datos que fortalezcan el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos”, expresó María Balam, agradeciendo a las y los integrantes de Iniciativa Manifesta por su colaboración activa en este ejercicio colectivo.
Durante la jornada, se explicó que esta elección representó un cambio paradigmático en la vida democrática del país, al tratarse de las primeras elecciones para elegir a integrantes del Poder Judicial, tanto a nivel federal como estatal. En Yucatán, las y los ciudadanos votaron por 224 personas candidatas, correspondientes a cargos como magistraturas de tribunales superiores y de disciplina, así como jueces y juezas de distrito.
El monitoreo ciudadano se llevó a cabo bajo el lema Dirigiendo Democracia Judicial, y tuvo como objetivo observar y documentar el desarrollo del proceso desde una perspectiva local. Para ello, se definieron tres dimensiones de análisis: acceso a la información, participación ciudadana y legalidad y Estado de Derecho.
De acuerdo con la directora del CEJUDI, se desarrollaron 28 indicadores: 10 centrados en el acceso a la información, 10 en la participación política y 8 en el cumplimiento de legalidad. Sin embargo, 6 indicadores no pudieron documentarse debido a la falta de información pública. Esto incluyó datos clave como la identidad de género, pertenencia a comunidades indígenas o a la población LGBT+ de las personas candidatas, lo cual impidió un análisis más profundo con perspectiva interseccional.
“Uno de los principales retos fue precisamente ese vacío en los datos relacionados con grupos históricamente discriminados. Esto no solo evidencia áreas de mejora, sino que debe ser un llamado a garantizar procesos verdaderamente inclusivos en futuras elecciones judiciales”, enfatizó Balam.
El proceso electoral federal se desarrolló entre septiembre de 2024 y junio de 2025, mientras que el proceso local en Yucatán tuvo una duración significativamente más corta, de marzo a junio del presente año. Esta diferencia de tiempos también fue identificada como un factor de riesgo para la correcta implementación y difusión de la información electoral en el ámbito estatal.
Además del análisis documental y de redes sociales, el CEJUDI aplicó dos encuestas, una de ellas dirigida a jóvenes de 18 y 19 años, con el fin de conocer sus percepciones sobre el proceso. Resultado de ello fue que más del 50 por ciento de los jovenes no ejercieron su voto señalando como principal razón la falta de información.
Finalmente, Balam reiteró que este esfuerzo busca incidir en una democracia más participativa, donde las personas ciudadanas puedan ejercer su derecho a decidir de manera informada, crítica y activa.
“Lo que buscamos es contribuir a la construcción de un sistema democrático que no solo elija, sino que también observe, cuestione y proponga”, afirmó.
Los resultados completos del monitoreo serán publicados en un informe final en las redes sociales de CEJUDI, con la intención de aportar a futuros procesos electorales más incluyentes y transparentes.