PRI propone reformas para garantizar derechos de la comunidad maya

MÉRIDA, Yuc., 30 de agosto de 2020.- Con el fin de que los abusadores sexuales no puedan evadir la justicia, el diputado priísta Luis Borjas Romero, presentó dos iniciativas para reformar el Código Penal del Estado y la Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya del Estado de Yucatán, con la que se dará certeza al desarrollo de la comunidad maya.

De acuerdo con el legislador, en el caso del Código Penal, se propone adicionar el articulo 121 Bis en materia de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y de delitos sexuales en menores.

“Muchos niños, niñas y adolescentes no revelan que sufrieron violencia sexual, por miedo, vergüenza, culpa o porque no reconocen su victimización, lo que representa un impedimento para acusar los delitos cometidos en su contra y ocasiona un retraso de las denuncias correspondientes que pueden llegar a perder efectos por motivos de temporalidad”.

Detalla que la reforma presentada propone que delitos como la corrupción de menores y los de carácter sexual como el hostigamiento, acoso, abuso, estupro y violación cometidos contra aquellas personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, no dejen de tener efecto legal por el paso del tiempo.

En cuanto a las reformas a Ley para la Protección de los Derechos de la Comunidad Maya, el legislador apuntó que la iniciativa presentada pretende subsanar un vacío en dicha ley, facultando al Poder Ejecutivo para que, a través del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán garantice que el derecho económico sea una de las políticas públicas inherentes al desarrollo integral de las comunidades mayas.

En caso de aprobarse, el derecho económico deberá estar contenida en el Plan Estatal  y Municipal de desarrollo, así como en los programas de corto, mediano y largo plazos y que a su vez deberá elaborarse en cada período gubernamental y enlistará las políticas y estrategias que contribuyan al cumplimiento de esta Ley para garantizar el mejoramiento de la condición social y económica de la población Maya en el Estado.