Proponen sancionar apropiación ilegal de playas y bienes nacionales

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de agosto de 2026.- Miles de personas visitan las playas yucatecas durante las vacaciones de verano, año con año. Desafortunadamente, para muchas de ellas la alegría pronto se convierte en desilusión al encontrarse con que no pueden caminar por determinados senderos de playa o instalar una sombrilla en ciertas áreas, porque personas que tienen sus casas “en primera fila” se han apropiado de espacios que pertenecen a todos.

Para evitar esta situación, el diputado federal por Mérida, Oscar Brito, presentó una iniciativa que busca sancionar a quienes se apropien de territorios, espacios o demarcaciones que forman parte del patrimonio de todas y todos los mexicanos.

Señaló que durante los gobiernos neoliberales, en el marco de la apertura económica del país, la inversión extranjera y la privatización de bienes derivaron en un problema que hasta la fecha continúa generando afectaciones al libre acceso y tránsito en bienes nacionales.

“Las playas y los sitios históricos son propiedad de las y los mexicanos, y todos tienen derecho a disfrutarlos. Sin embargo, con frecuencia vemos que hay personas que cercan o impiden el paso a quienes esperan con entusiasmo vacacionar. Por ello buscamos que quienes reincidan en esta conducta sean sancionados con penas de prisión”, dijo.

Recordó que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación, la cual tiene el derecho de transmitir su dominio a los particulares, constituyendo así la propiedad privada.

No obstante, afirmó que la creciente presión del desarrollo turístico e inmobiliario ha propiciado la ocupación ilegal o encubierta de playas.

Finalmente, el legislador meridano señaló que la reforma a la Ley General de Bienes Nacionales busca no solo proteger el derecho de libre acceso a las playas, sino también establecer sanciones para las personas que impidan o restrinjan ese acceso.

En contexto

La Ley General de Bienes Nacionales es la legislación federal que regula los bienes que pertenecen a la Nación mexicana, así como su administración, control, uso, aprovechamiento y disposición.

¿Qué regula esta ley?

La ley establece las normas para:

• Determinar cuáles son los bienes propiedad de la Federación.
• Regular el patrimonio inmobiliario federal.
• Establecer el uso y destino de los bienes públicos.
• Normar la adquisición, administración, conservación y enajenación de bienes nacionales.
• Definir las atribuciones de las dependencias y entidades encargadas de administrar estos bienes.

¿Qué son los bienes nacionales?

Entre los bienes nacionales se encuentran:

• Los bienes de uso común, como playas, ríos, caminos, carreteras y puentes.
• Los inmuebles destinados al servicio público federal.
• Los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que son propiedad de la Nación.
• Los bienes adquiridos por el Gobierno Federal.
• Los terrenos ganados al mar o a las aguas nacionales.

Clasificación de los bienes nacionales

La ley distingue principalmente entre:

1. Bienes de uso común: Son aquellos cuyo aprovechamiento corresponde a toda la población, como playas y carreteras.
2. Bienes destinados a un servicio público: Inmuebles utilizados por dependencias gubernamentales, escuelas, hospitales, oficinas públicas, entre otros.
3. Bienes propios de la Federación: Aquellos que forman parte del patrimonio federal y pueden ser administrados o, en ciertos casos, enajenados conforme a la ley.

Autoridad encargada

La principal autoridad responsable de aplicar esta legislación es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, organismo encargado de la administración y valuación de los bienes nacionales.

Importancia de la ley

La Ley General de Bienes Nacionales busca garantizar que el patrimonio de la Nación sea administrado de manera eficiente, transparente y en beneficio del interés público, evitando su uso indebido y asegurando su conservación para las futuras generaciones.

La legislación vigente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y ha sido objeto de diversas reformas para adecuarse a las necesidades de la administración pública y la protección del patrimonio nacional.