Entregan al Congreso iniciativa para cuidar el manto acuífero de Yucatán
MÉRIDA, Yuc., 28 de febrero de 2021.- Luego de presentar su informe anual 2020, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Miguel Óscar Sabido Santana exhortó a las autoridades municipales a mejorar las condiciones de las cárceles públicas con el fin de salvaguardar los derechos humanos de quienes sean detenidos.
Recordó que, durante el 2020, realizaron visitas de supervisión a 36 cárceles municipales, donde notaron que la mayoría no tiene asignación de recursos y de personal calificado, lo que dijo “repercute en la carencia de sistemas de seguridad confiables y en la ineficiencia de las funciones de custodia”.
Y es que, de acuerdo al informe público, de las 36 cárceles que se visitaron, 34 no cuentan con registro de personas arrestadas, nueve los tienen incompletos y dos no llevan esta documentación. Respecto al resguardo de pertenencias, 31 centros de detención llevan a cabo el registro y resguardo de los objetos, pero solo las de Mérida, Progreso, Kanasín, Ticul, Halachó, Pisté y Valladolid emiten un recibo para la devolución de las mismas.
Ante diputados, el ombudsman señaló que, durante estas visitas, realizadas entre los meses de enero y noviembre, notaron que los espacios y la infraestructura carcelaria, no es apta ni suficiente para una estancia digna y no se cuenta con espacios para separar a la población arrestada y mucho menos cuentan con valoración médica.
Según los datos presentados, en el caso de la alimentación, solo 17 centros carcelarios otorgan alimentos a los arrestados. Además, en lo que respecta a atención médica, de los 36 lugares que visitaron, 32 no cuentan con el personal médico necesario para las valoraciones, siendo Mérida, Tizimín, Umán y Valladolid las únicas que cuentan con este servicio.
Sobre las condiciones de cada lugar, la Codhey determinó que las cárceles de Izamal, Conkal, Cenotillo, Ticul, Peto, Hocabá, Sanahcat, Acanceh, Halachó, Chumayel, Mocochá, Chapab, Dzan y Tahdziu requieren un cambio de edificio pues sus condiciones estructurales son malas.
Ante esto, Sabido Santana reiteró a las autoridades municipales la necesidad de cumplir la recomendación general 6/2014 sobre la situación de los derechos humanos de los detenidos en las cárceles municipales del estado de Yucatán.
Y es que dijo “las personas detenidas y/o arrestadas son responsabilidad directa de las autoridades que las tienen bajo su custodia, por lo que el respeto a su dignidad humana, a su salud, a su integridad física y, por supuesto a la vida, deben ser garantizadas”.