Indignación por suspensión de Travesía Maya: exhiben vacío legal indígena

CANCÚN, Q. Roo., 16 de abril de 2026.- Miles de usuarios en redes sociales expresaron su preocupación en torno a la suspensión de la Travesía Sagrada Maya 2026, anunciada por Grupo Xcaret con el fin de no confrontar a las autoridades y apegarse al ordenamiento derivado del fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revocó un amparo que permitía a la empresa usar elementos de la cultura maya en su publicidad.

La movilización digital escaló rápidamente a nivel nacional en la que 124 mil 303 personas participaron en la movilización digital que cuestionó con los hashtags #TravesíaMaya y #CertezaParaElPatrimonio, dicha cancelación del evento, así como el impacto de la decisión sobre esta tradición que fue recuperada por Grupo Xcaret y promovía una tradición prehispánica olvidada de la cultura Maya.

La discusión pública alcanzó cientos de mensajes de este caso en redes sociales, poniendo en el centro del debate un problema más profundo: la falta de claridad en la aplicación de la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos Originarios. Lejos de resolver conflictos, este vacío ha generado incertidumbre jurídica, interpretaciones contradictorias y decisiones que terminan afectando directamente a las comunidades.

La cancelación de la Travesía Sagrada Maya se convierte así en un caso emblemático. No se trata únicamente de un evento turístico, sino de la reconstrucción de un ritual ancestral que permaneció desaparecido por más de 500 años y que, tras casi dos décadas de trabajo conjunto con comunidades mayas, logró consolidarse como un proceso cultural vivo.

Su suspensión evidencia cómo la falta de reglas claras puede interrumpir prácticas legítimas que hoy generan identidad, participación comunitaria y bienestar.

Durante 18 años, esta travesía no solo representó un homenaje a Ixchel, diosa de la fertilidad, la luna y la vida, sino un proceso integral que implicaba meses de preparación física de los canoeros, la organización de comunidades completas y la generación de ingresos locales. Hoy, todo ese esfuerzo queda en pausa, afectando a familias, prestadores de servicios y economías enteras que dependen de este tipo de actividades.

El movimiento en la red social X, expuso que las consecuencias de que la ley federal para el patrimonio de pueblos originarios no cuente con una reglamentación adecuada, se traduce principalmente en: reducción de la derrama turística, la interrupción de un espacio clave para la difusión del patrimonio cultural maya a nivel nacional e internacional.

Otra de las demandas hechas por la movilización digital destacaron el que “la cultura se debe proteger pero sin limitar su promoción”, o visibilizar mediante expresiones artísticas y culturales como lo era la Travesía Sagrada Maya.

La protección del patrimonio, sin mecanismos claros de ejecución, comienza a traducirse en restricciones que frenan su continuidad, en lugar de fortalecerla.

En este contexto, la polarización entre comunidades y las disputas sobre representación han desplazado el eje del debate. Lo que debería centrarse en cómo garantizar que el patrimonio genere beneficios reales, hoy se diluye en confrontaciones que debilitan el objetivo principal de la ley: proteger y promover la cultura.

El problema de fondo no es la existencia de la ley, sino su implementación. Sin reglamentos precisos ni instancias que aseguren su correcta aplicación, la normativa queda sujeta a interpretaciones que generan más conflictos que soluciones. La falta de certeza jurídica termina afectando al sector turístico a nivel nacional.

El debate desatado ante este caso se profundizó a nivel nacional y ventiló que algunas instituciones, como el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) desconoció acuerdos previamente establecidos entre la empresa y el Gran Consejo Maya, que permitían el uso de estas expresiones bajo consentimiento y con beneficios compartidos.

A pesar de ello, esta autoridad optó por mantener la vía legal, por lo que ahora el resultado es un escenario donde la protección del patrimonio no logra materializarse en certezas ni en beneficios claros para los pueblos originarios. Por el contrario, se generan cancelaciones, divisiones y confusión en torno a qué sí está permitido y qué no.

Al final, el debate parece haber perdido profundidad, especialistas, periodistas, columnistas y líderes de opinión han destacado que ahora prevalecen los litigios y confrontaciones, sin que nadie garantice realmente la protección del patrimonio maya, ni se reglamente la ley federal que protege el patrimonio de los pueblos originarios.