Presenta AMISY denuncia por presunta violación a la Ley 3 de 3

MÉRIDA, Yuc., 6 de marzo de 2026– Integrantes de la Agenda de Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY) presentaron una denuncia formal ante la Secretaría de Corrupción y Buen Gobierno encabezada por Óscar Adán Valencia Domínguez  contra el funcionario estatal, Roger Rafael Aguilar Arroyo, conocido como “El Zorro”, al considerar que el nombramiento de  como servidor público estatal contraviene la legislación local en materia de violencia contra las mujeres.

La titular de AMISY, María Eugenia Núñez Zapata, explicó que la denuncia se presentó luego de que, según la organización, el Gobierno estatal no atendiera diversos llamados para revisar el nombramiento del funcionario.

“Decidimos usar el recurso que nos otorga la ley, que es una denuncia formal, para que el licenciado Óscar Adán Valencia Domínguez responda por qué el gobierno del estado está violentando la Ley 3 de 3 contra la violencia al haber contratado a Roger Rafael Aguilar Arroyo como funcionario”, señaló.

La activista indicó que la legislación local establece que ninguna persona con antecedentes de violencia puede ocupar cargos públicos, tras la reforma constitucional aprobada en Yucatán como parte de la denominada Ley 3 de 3 contra la violencia.

Núñez Zapata explicó que la organización no acusa directamente a Aguilar Arroyo de nuevos hechos, sino que reiteró en el documento los expedientes y antecedentes existentes que, a su consideración, deberían impedir su nombramiento como funcionario.

“Reiteramos los expedientes por los cuales está acusado el Zorro, hacemos las citas de los artículos de la Constitución local y federal que se están violentando y pedimos que se proceda”, expresó.

La denuncia fue presentada ante la dependencia correspondiente y enviada con copia al titular del Poder Ejecutivo estatal, a legisladores del Congreso del Estado de Yucatán y a otras instancias federales y nacionales vinculadas con la defensa de los derechos de las mujeres.

Núñez Zapata señaló que, en caso de no obtener respuesta, AMISY contempla acudir al Congreso estatal para denunciar el incumplimiento de la normativa.

Por su parte, la activista y académica Gina Villagómez explicó que la legislación yucateca establece criterios distintos a los contemplados en la normativa federal.

“A diferencia de la ley federal que establece una sentencia en firme, el caso de la ley en Yucatán habla de antecedentes, no de sentencia firme. Esa es la diferencia”, indicó.

Villagómez añadió que, desde su perspectiva, el espíritu de la legislación es evitar que personas con antecedentes de violencia ocupen cargos públicos.

De acuerdo con integrantes de AMISY, el titular de la Secretaría de Corrupción y Buen Gobierno recibió la denuncia y señaló que el caso será revisado conforme al procedimiento correspondiente, además de que la dependencia notificará a la organización sobre el seguimiento del expediente.

Las activistas indicaron que mantendrán vigilancia sobre el proceso para verificar que se respete la legislación estatal en materia de prevención de la violencia contra las mujeres.