Personal de salud reubicado podría volver a Yucatán, gracias al IMSS-Bienestar

MÉRIDA, Yuc., 5 de julio de 2026.- Personal de salud que fue reubicado a otras entidades durante la transición del modelo de salud podría regresar a Yucatán, esto gracias a que el Gobierno del Estado, por instrucción del Gobernador Joaquín Díaz Mena, gestiona ante IMSS-Bienestar su regreso. La firma del convenio de incorporación de Yucatán al IMSS-Bienestar abre por fin la condición institucional para revisar su caso.

A través de un comunicado de prensa, se recordó que este personal fue contratado con recursos federales durante la emergencia por COVID-19, bajo contratos temporales.

Sin embargo, en marzo de 2024, al no haberse firmado el convenio de incorporación de Yucatán al IMSS-Bienestar durante la administración anterior, la instrucción federal fue reubicarlo en estados que ya se habían sumado al modelo, principalmente Campeche y Quintana Roo. Muchas y muchos aceptaron el traslado para no perder su empleo.

Precisaron que, desde noviembre de 2024, el Gobierno del Estado ha gestionado ante IMSS-Bienestar el reintegro de estas y estos trabajadores yucatecos.

En este sentido, indicaron que el gobierno del Estado reconoce el sacrificio de quienes dejaron su hogar para conservar su trabajo, y da seguimiento permanente a su solicitud. Con el convenio firmado ya existe una condición distinta; sin embargo, el retorno no depende solo de la voluntad estatal: requiere la validación de IMSS-Bienestar y la disponibilidad de espacios, plazas y perfiles. 

En coordinación con IMSS-Bienestar, el Gobierno del Estado integra un padrón actualizado del personal reubicado, documenta las gestiones realizadas e impulsa una ruta administrativa formal para una reincorporación gradual, conforme a las necesidades de las unidades médicas de Yucatán.

Se puntualizó que una vez que se concrete su reincorporación a Yucatán, las y los trabajadores se integrarán al proceso de basificación escalonada previsto en el convenio con IMSS-Bienestar, como parte de la estrategia de justicia laboral que impulsa el Gobierno del Estado para brindar mayor estabilidad y certeza al personal de salud.