Se reúnen alcaldes panistas de Yucatán
MÉRIDA, Yuc., 21 de 2020.- De uno a cinco años de prisión, multas de 50 a 200 días o 300 veces el valor de las Unidades de Medida y Actualización, enfrentarían las personas que agredan o lesionen a médicos y enfermeras en el estado.
Durante la sesión del Pleno, el diputado, Felipe Cervera Hernández, en representación de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó la propuesta de reforma el Código Penal del Estado de Yucatán, con el fin de tipificar este tipo de agresiones y lesiones al personal médico y hospitalario en instituciones públicas o privadas.
Consiste en la creación del artículo 358 Bis, en el que se establecerían de uno a tres años de prisión o de 50 a 200 días, multa y de 50 a 100 días de trabajo comunitario para quienes agredan a personal de instituciones de salud pública o privada y esto genere lesiones que no pongan en peligro su vida y tarden en sanar hasta quince días.
En caso de que la recuperación exceda este tiempo, la sanción será de 3 a 5 años de prisión y de 50 a 500 días de multa.
“Asimismo, cuando las conductas señaladas se cometan durante una emergencia sanitaria o, quien las infiera se aun servidor público, las penalidades aumentarán hasta en una mitad más, además de contemplar que este delito se perseguirá de oficio”, detalló en su momento el diputado Luis Borjas Romero.
En tanto, en asuntos generales, el diputado panista Manuel Díaz Suárez refirió tener una iniciativa en este mismo sentido, pero con la modificación a otros artículos, y es que dijo “no se puede consentir ninguna agresión al personal que ahora está trabajando para salvaguardar la integridad de los ciudadanos”.
De acuerdo a la información proporcionada por el legislador, el Partido Acción Nacional (PAN), propone la modificación a los artículos 185 Bis y 378 mediante lo que se busca establecer de 2 a 5 años de prisión y una multa de hasta 300 UMAS a quien realice o incite a actos de discriminación o agresión contra personal de salud, se les niegue algún servicio, restrinja la libertad de tránsito o dañe la integridad física o psicológica del personal de salud.
Al igual que en la iniciativa del PRI, se contempla que en caso de que dichas agresiones se lleven a cabo en una emergencia sanitaria, las penas aumentarían durante una mitad.
El legislador precisó que estas acciones “son producto de la ignorancia, la desesperación y no se justifica la discriminación o agresión contra personal de salud que ha dado muestra de su profesionalismo.
Asimismo, señaló que como médico, conoce los estrictos protocolos que cumplen médicos y enfermeras tanto dentro de los hospitales como para salir de los mismos.