El arrebato / Federico Berrueto

A ciencia cierta nadie sabe, quizás ni el mismo presidente López Obrador. ¿Será la Corte y la reversión temporal y definitiva de sus inconstitucionales decisiones? ¿el atraso en sus obras emblemáticas? ¿las ejecuciones de civiles inocentes por militares? ¿los sucesos trágicos en Cd. Juárez? ¿el vergonzoso aniversario del AIFA? ¿la DEA y la amenaza de los republicanos? ¿algún tema personal o familiar fuera del ojo público? ¿la corrupción en SEGALMEX o la frivolidad del general secretario? No se sabe.

Lo cierto es que el presidente se ha radicalizado y da el golpe sobre la mesa en la pretensión de buscar quién se la paga no quién se la debe. El paso del tiempo importa y más que para el próximo periodo de sesiones ordinarias la situación en las Cámaras habrá de cambiar como consecuencia de la sucesión adelantada. Los más afectados por el arrebato presidencial han sido los empresarios rehenes y víctimas de su actitud claudicante. El cambio de reglas en la economía, los nuevos términos de los contratos públicos y la militarización de la vida civil van a contrapelo de la economía de mercado, de la certeza de derechos y de la promoción de la inversión.

La radicalización del presidente se manifiesta en el desempeño del Congreso. Su ya pesada mano alcanzó también al Senado, al que doblegó y con la mayoría afín participa en la aprobación express de las minutas enviadas por la Cámara de Diputados, así como de frenar la designación de un comisionado del INAI ya consensuado y hacer realidad la parálisis de la institución responsable de la transparencia y de la protección de datos personales.

Por su parte, la aprobación de las nuevas reglas en materia minera ha afectado severamente a la industria, mientras que el gobierno de Canadá alista presentar el caso en el marco del acuerdo comercial y los mecanismos para resolver diferencias. El exceso presidencial llegó al extremo de impedir que el asunto se resolviera hasta el próximo periodo de sesiones, a manera de dar cabida a las preocupaciones de inversionistas y empresas. El colaboracionismo de las cúpulas empresariales ha recibido un severo golpe y los más afectados son los más poderosos.

En su arrebato, el presidente ratifica su condición de enterrador de instituciones, incluso la suya propia como es el INSABI. Lo mismo ocurre con Financiera Rural, el CONACYT y los recursos de FONATUR -que nunca le llegaron- son destinados a los militares para el Tren Maya

Otros afectados son los moderados en la alianza gobernante, muy especialmente el líder de los senadores, Ricardo Monreal; su autoridad ha sido subvertida por el presidente López Obrador, pero ha tenido el valor de reconocer la realidad y que su influencia no alcanza para revertir el manotazo que lleva a la Cámara alta a incumplir con su responsabilidad constitucional.

¿Qué viene? Lo primero es que, al endurecerse el presidente, los más se ven obligados a cerrar filas en su entorno, sobre todo cuando ya se avizora la selección de candidatos para los múltiples cargos en los comicios del próximo año. Queda claro que López Obrador no está dispuesto a concesión política alguna, mucho menos cuando la percepción de propios y extraños es en el sentido de que se ganará con facilidad el 2024, idea que se robustecería si Morena prevalece con ventaja clara en las elecciones en el Estado de México.

El sometimiento del Congreso a las pulsiones autoritarias del presidente no significa que todo esté definido en su favor. Por una parte, las deficiencias en el proceso legislativo abren la puerta a la impugnación por la vía judicial, además de la aplicación retroactiva de disposiciones y su inconstitucionalidad. Todo apunta a que la Corte se convertirá en la contención al presidente de la República, quien se ve alentado con la idea de que cuenta con tres ministros incondicionales y que sólo requiere de uno más para anular a la Corte en su tarea de acreditar la supremacía de la Constitución.

Otro de los ámbitos de controversia fuera de control del presidente es el internacional; lo mismo vale para la Corte Internacional de Derechos Humanos en el asunto de la prisión preventiva, que en los procedimientos para dirimir diferencias de los Acuerdos Comerciales.