
Investigan muerte de una mujer en Progreso
MÉRIDA, Yuc., 27 de marzo de 2025.- A ocho años del feminicidio de Emma Gabriela Molina Canto, su madre, la señora Ligia Canto Lugo, sigue exigiendo justicia para su hija y protección para sus nietos y nieta, quienes aún enfrentan un entorno de abandono institucional y omisiones por parte de las autoridades encargadas de proteger a las víctimas.
“Hoy por hoy la justicia todavía no ilumina. No llega,”, declaró Canto Lugo durante un pronunciamiento público que realizó a las afueras de los Juzgados Familiares esta mañana.
Recordó que, aunque existe una sentencia de 50 años de prisión contra el autor material del feminicidio de su hija, Martín Medina Sonda, siguen pendientes múltiples resoluciones, entre ellas la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para revisar un amparo solicitado por el sentenciado.
El feminicidio de Emma Gabriela ocurrió frente a sus tres hijos e hijas, quienes, hasta la fecha, siguen esperando acceso efectivo a los derechos y apoyos que la ley les garantiza como víctimas indirectas.
“Los tres tienen que estudiar y vivir sin apoyo, sin becas, sin respaldo en alimentación, vivienda ni salud. Todo eso que debería estar garantizado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, hoy es letra muerta”, enfatizó.
El caso de Emma Gabriela estuvo precedido por años de violencia institucional. En 2014, la Comisión de Derechos Humanos emitió la recomendación 54/2014, donde reconocía violaciones a derechos humanos en su contra. A pesar de ello, el sistema judicial impuso restricciones como la limitación de la guarda y custodia de sus hijos e hija y la prohibición de salir del estado, criminalizándola y dejándola vulnerable .
“Convirtieron a mi hija de víctima en delincuente. La dejaron indefensa. Y eso permitió que la asesinaran. La pusieron como blanco, como conejito de feria”, lamentó su madre.
Ligia Canto también ha enfrentado múltiples obstáculos para obtener la guarda y custodia legal de sus nieto, proceso que le tomó cinco años pese a que el padre se encontraba en prisión y los abuelos paternos estaban implicados en la privación de la libertad de los menores.
A lo largo del proceso, el feminicida ha promovido más de 120 amparos, evidenciando su poder adquisitivo y las conexiones que aún conserva, aunque por otro lado, aún está pendiente de ejecución una sentencia por incumplimiento de pensión alimentaria, a pesar de que el juicio tomó ocho años.
“Estamos hablando de tres adolescentes que están saliendo adelante gracias al esfuerzo de dos personas mayores, una de 68 y otra de 85 años. Luego nos sorprendemos cuando vemos que un menor no tiene comida y fallece. Pues aquí está la antesala de esas tragedias: la omisión del Estado”, advirtió.
A ocho años del asesinato de Emma Gabriela, su madre exige que se cumplan las sentencias, se ejecute la justicia pendiente y se garantice una protección integral para sus nietos y nietas, como lo mandata la Ley General de Víctimas.
“El ‘ya mérito’ no alcanza. El ‘ya mérito’ nos ha tenido esperando ocho años. Exijo justicia y cumplimiento. Mis nietos merecen vivir con dignidad.”, concluyó.