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MÉRIDA, Yuc., 11 de octubre de 2022.- Luego de que se difundió vía redes sociales que una mujer perdió la vida después de sufrir complicaciones tras haberse sometido a un supuesto aborto en un predio particular en Kanasín, la abogada feminista Amelia Ojeda Sosa dijo que la muerte se debe aclarar, aunado a que recordó que el aborto no es ilegal en Yucatán.
“No queda claro si la muerte de la muchacha fue por un aborto. La muchacha estaba embarazada, es lo que se sabe. Pudo haber tenido cualquier enfermedad, el embarazo le pudo haber disparado alguna situación que le ocasionó la muerte, pero no sabemos si se le practicó un aborto y a raíz de esto falleció”, comentó la litigante.
Por lo anterior, dejó en claro que en Yucatán no está penalizado abortar. “Que no se haya sacado del Código Penal es otra cosa, pero que se haya declarado inconstitucional el delito de aborto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quiere decir que en todos los códigos penales esa porción con el delito de aborto es inconstitucional”.
Explicó que en el Estado no se debe abrir una carpeta de investigación y ni siquiera se puede judicializar un caso por delito de aborto, pero en dado caso que la Fiscalía General del Estado (FGE) abra un expediente, un juez de control automáticamente tiene que desechar la judicialización por el precedente de la SCJN.
“Legalmente no es posible perseguir el delito de aborto, esto pese a que en el Código Penal no se haya sacado la porción normativa relacionada con el delito de aborto”, dijo la entrevistada, quien también dijo que los servicios de salud del Estado están obligados a prestar el servicio para la atención del aborto, por lo que no se requiere regular.
Ojeda Sosa también mencionó que hay una Norma Oficial Mexicana que aplica a los servicios de salud para la atención del aborto, “por lo que no se tiene que regular. Simple y sencillamente se tiene que ver como un ejercicio de autonomía reproductiva de las mujeres que está garantizando a nivel constitucional en el artículo 4”.
“Si se argumentaba que no se prestaba (el servicio) porque es un delito y sólo se puede hacer dentro de las causales donde la misma ley considera que no se está haciendo un delito, bueno estaba, sin embargo, a partir del año, ya no es un delito, aunque no se haya sacado del código penal”, remarcó la también coordinadora jurídica de Unasse.
Asimismo, insistió que el trabajo de eliminar del Código Penal del Estado este delito, es un trabajo de las y los legisladores locales. “Nadie les tendría que pedir (que lo hagan) porque su chamba es vigilar que los marcos normativos en el Estado no sean contrarios a la constitución.