Activistas LGBTTTIQ emiten queja contra la Arquidiócesis de Yucatán

MÉRIDA, Yuc., 23 de febrero de 2021.- Debido a que, el pasado 17 de febrero, el representante de la Arquidiócesis de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, dijo que no hay que llamarle matrimonio a las uniones entre parejas del mismo sexo, además de manifestar que son grupos que “hacen ruido”, activistas de los derechos civiles y la diversidad sexual, expresaron su queja a las instancias correspondientes.  

Este lunes 22, el presidente del Comité Organizador del Festival de la Diversidad Sexual en Yucatán (Fesdy), Alfredo Candiani, acudió al Palacio de Gobierno para entregar un documento en donde se manifiesta que, de acuerdo a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, está prohibido que todos los ministros participen en la vida pública y política del país.      

“Manifestamos la queja porque este tipo de opiniones violentan los derechos humanos; y son discursos emitidos a una población que generan odio y rechazo hacia otro sector que es un grupo vulnerable”, aseveró el activista en entrevista para Quadratín.    

Agregó que los comentarios del representante de la Asociación Religiosa, no competen al contexto, debido a que el país es laico: “entendemos la libertad de expresión pero no va en función de emitir un discurso que violente, demerite o denigrando el ejercicio de los derechos de otras personas”. 

En ese contexto, el vocero señaló que es necesario que se tomen las medidas y acciones para evitar (no sólo en Yucatán) que los predicadores no emitan comentarios que obstaculizan la ley.       

El documento se entregó a la Secretaría de Gobernación, a la Subsecretaria de Asuntos Religiosos y al Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación, (CONAPRED), los activistas permanecerán en espera de una respuesta.   

Este 24 de febrero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminará una resolución en donde se dará a conocer si el Congreso Local de Yucatán es inconstitucional o no en el tema de matrimonio igualitario, luego de que el Colectivo para la Protección de Todas las Familias en Yucatán (PYFY) presentó un amparo en 2019.