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MÉRIDA, Yuc., 18 de noviembre de 2026.- Ante la persistencia de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, siete organizaciones de la sociedad civil conformaron la Red por los Derechos de las Niñeces y Adolescencias de Yucatán (RedNay), una alianza que busca articular esfuerzos para impulsar acciones de prevención, incidencia política y comunitaria, así como fortalecer los mecanismos institucionales de protección de sus derechos.
Durante la presentación de la red, sus integrantes dieron a conocer cifras sobre la violencia sexual en la entidad y advirtieron que esta problemática continúa siendo un desafío, agravado por la normalización de las agresiones y las dificultades para denunciar y atender los casos.
Entre los datos expuestos señalaron que durante 2025 las unidades de la Secretaría de Salud de Yucatán atendieron a 319 niñas, niños y adolescentes por violencia sexual, cifra que representa tres veces el promedio anual registrado desde 2010. De ese total, 79 eran menores de 12 años y en dos de cada tres casos las personas agresoras eran conocidas de las víctimas, ya fueran familiares o parejas.
Asimismo, con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indicaron que durante el mismo año se registraron en Yucatán mil 425 nacimientos de madres de entre 10 y 17 años, de los cuales 131 correspondieron a niñas de 10 a 14 años. Estas cifras ubican al estado entre las primeras 10 entidades del país con más nacimientos en ese grupo de edad.
De acuerdo con información de consultas de Save the Children, el 52 por ciento de las niñas identifica la violencia sexual como una de las principales causas del embarazo adolescente. Además, el 40 por ciento considera que algunas parejas obligan a las adolescentes a no utilizar métodos anticonceptivos, mientras que el 42 por ciento señala la falta de información adecuada sobre sexualidad como un factor relevante.
Las integrantes de la RedNay también expusieron que Yucatán ocupa el quinto lugar nacional en violencia obstétrica, con un 37.1 por ciento de maltrato durante la atención del parto. Agregaron que una de cada 10 interrupciones del embarazo en la entidad corresponde a niñas y adolescentes y que, de estas, una de cada cuatro involucra a menores indígenas.
En cuanto a la atención institucional, señalaron que la violencia sexual representa el 58 por ciento de los casos de violencia detectados en centros de salud y que en la mayoría no se contaba con información suficiente sobre cómo canalizar estas situaciones.
Respecto al ámbito educativo, con datos de 2023, expusieron que el 35 por ciento de las escuelas públicas no tenía personal capacitado en los protocolos de atención ante casos de violencia. Asimismo, el 54 por ciento de los planteles que detectaron agresiones no activó ningún protocolo, mientras que en el 48 por ciento de los casos identificados las personas agresoras eran familiares de las víctimas.
Las organizaciones también señalaron que el 58 por ciento de madres, padres y personas cuidadoras reconoció haber golpeado al menos una vez a sus hijas o hijos, mientras que el 92 por ciento considera que cuestionar a los padres representa una falta de respeto.
Al respecto, Laura Quijada, colaboradora de Investigación y Educación Popular Autogestiva A.C., señaló que uno de los principales obstáculos para garantizar los derechos de las infancias es la normalización de la violencia y la cultura adultocéntrica, que coloca a las personas adultas en una posición de poder frente a niñas, niños y adolescentes.
"Esta forma de relacionarse se manifiesta en prácticas cotidianas que minimizan sus opiniones, limitan su capacidad de decisión y generan la idea de que las personas adultas tienen siempre la razón", explicó.
Advirtió que estas conductas pueden reproducirse en distintos entornos y contribuir a que los gritos, los castigos físicos y otras formas de violencia sean considerados mecanismos normales de crianza y educación.
"Por ello es necesario transformar las prácticas familiares, escolares, comunitarias e institucionales, además de reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y escuchar sus opiniones en las decisiones que les afectan", apuntó.
La RedNay está integrada por Apis Sureste, Fundación para la Equidad; Centro Alternativo para el Desarrollo e Integración Indígena; Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (Cejudi); Educación, Cultura y Ecología A.C.; Investigación y Educación Popular Autogestiva A.C.; Kookay, Ciencia Social Alternativa, y Save the Children México.
Sus integrantes señalaron que, en conjunto, las organizaciones cuentan con más de 30 años de trayectoria y experiencia en ámbitos como investigación, capacitación, comunicación, organización comunitaria, perspectiva de género, derechos humanos y acompañamiento a instituciones públicas.
Adelantaron que durante los próximos meses impulsarán proyectos de intervención comunitaria, incidencia social y política, así como acciones para fortalecer las capacidades de las instituciones responsables de garantizar los derechos de las infancias.